El efecto llamada esperado e incluso anunciado por algunas entidades con motivo del traslado de los MENA desde el centro ‘La Esperanza’ del Hacho hasta el albergue de Hadú no se ha producido. De los 160 menores extranjeros no acompañados censados en el centro ya clausurado, se ha pasado a los 83 que hoy por hoy permanecen acogidos en el albergue de San José. En Marruecos se sabe de la existencia de esas nuevas instalaciones, pero esto no ha provocado que las mismas se colapsen como llegó a barajarse. Las medidas policiales impuestas en la frontera, unidas al mayor control que existe en el albergue que sirve de forma provisional para la acogida de menores están detrás de esta alteración en las estadísticas.
El descenso es de un 50%, según datos oficiales que maneja el Área de Menores, y se ha cortado con el descontrol que existía en el Monte Hacho donde eran rutinarias no sólo las fugas del centro sino también la relación que existía entre los que se encontraban acogidos y los que residían en los campamentos del exterior, al tratarse de menores que a punto iban a cumplir la mayoría de edad y temían por su pronta expulsión.
Los MENA de Hadú permanecerán en el centro hasta que la Ciudad habilite unas nuevas instalaciones, toda vez que Interior ha puesto las miras en el albergue como posible Jefatura Superior de Policía, a instancias del delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez.
El mayor control y aislamiento del exterior que se produce en este centro sí que ha provocado las fugas de algunos de los internos que están viviendo, sobre todo, en los montes. Una situación que ha denunciado El Faro en varias ocasiones y que sigue siendo un problema a pesar de las intervenciones de forma aislada que lleva a cabo la Benemérita para evitar la formación de asentamientos en los montes.
Las claves Mayor control. Las instalaciones usadas por la Ciudad tienen mayor control que las del Hacho. Esta situación ha dado pie a varias escapadas y fugas de internos que ahora viven en los montes.
Sin efecto llamada Sindicatos como la propia UGT advirtieron de la mayor presión de menores que podía sufrir la ciudad con el traslado al albergue. No ha sido así.
En la frontera Existen instrucciones para que las fuerzas de seguridad controlen la entrada de menores, impidiendo que lo hagan en solitario o controlando a sus progenitores.