El proyecto de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se propone “continuar” la política del documento de 1992 con el fin de “habilitar viviendas adecuadas para los habitantes de infraviviendas” y cubrir “la demanda de realojos de viviendas pendientes de regularización”,
un concepto que reconoce “de difícil cuantificación” pero que se atreve a fijar “en 941 viviendas”.
Es el resultado de sumar las 442 casas cuyos habitantes están “pendientes de regularización” porque sus techos están dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre (180 casos) o “fuera de ordenación según el Plan General de 1992 (262)”; las 315 casas que será necesario obtener para realojar a las familias que serán desplazadas que los espacios que actualmente ocupan en Ámbitos de Planeamiento Específico a desarrollar en el plazo más corto; y las que absorberá, durante el segundo cuatrienio de plasmación sobre el terreno del proyecto, la derivación de los ocupantes de zonas afectadas por Áreas de Planeamiento Remitido.
En el marco de este objetivo “fundamental” de “regularización” del parque residencial local se propone como actuación “emblemática” la “revitalización” de la zona de Príncipe Alfonso “mediante la adecuada gestión de los terrenos ocupados por la barriada, sobre los que se realizarán operaciones de regularización de la propiedad”. “Complementariamente”, el Plan define en Arcos Quebrados y Loma de las Lanzas “dos grandes ámbitos de transformación urbanística aledaños que consolidan la apuesta de la Ciudad por este vector de desarrollo”.
Esas menos de mil viviendas son apenas un 20% de las más de 5.000 en que se cuantifica la demanda de casas durante la próxima década en la ciudad autónoma. Los redactores del nuevo Plan prevén que la evolución demográfica (se calcula un incremento de población de 9.097 residentes hasta 2019) reclame directamente 3.000 (a razón de una nueva vivienda por cada 3 habitantes) y que el “acondicionamiento, rehabilitación o renovación de edificios” exija otras 1.275.
Para atender estas necesidades totales de unas 5.200 nuevas casas (incluidas algo más de 150 como segundas residencias para ceutíes o turistas), el documento pretende crear las condiciones para propiciar la construcción en el plazo de aproximadamente una década de 6.772, el 54% de protección oficial en sus distintos regímenes, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable.
En estos números (ni en la demanda prevista ni en la oferta proyectada) están contempladas las viviendas vacías existentes en la ciudad, “más de 3.000”, ya que el proyecto de Plan considera que “objetivamente, no se puede prever su entrada en el mercado”.
Oferta suficiente de Protección Oficial
Para materializar el principio constitucional que dice que ‘Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada’, el documento se fija como deber inexcusable el de “garantizar una oferta suficiente de vivienda de protección oficial”. En este sentido, el proyecto de nuevo Plan General propone destinar el 54% de las más de 6.772 casas que prevé se pueden construir durante la
próxima década “a los distintos regímenes de protección” y que así “los precios se mantengan en unos niveles aceptables”.
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