Ceuta y Melilla son las dos únicas autonomías que aplican esta aportación. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, planteó ayer en el Congreso la necesidad de revisar la implantación del copago para medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados aprobado por su antecesora en el cargo Ana Mato en 2013, ya que a su juicio “no tiene mucho sentido” que siga en vigor.
Así lo reconoció durante su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la Cámara Baja, en la que recordó que la propia Mato ya dio marcha atrás en la puesta en marcha de otros copagos introducidos en su reforma sanitaria, destinados al transporte sanitario no urgente o productos ortoprotésicos o dietoterápicos. “Y la misma reflexión alcanza al copago de farmacia en los hospitales, que no tiene mucho sentido y creo que debemos revisar”, reconoció Alonso.
La medida afecta a 157 presentaciones farmacológicas de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves –oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros– que hasta entonces los pacientes adquirían gratis en las farmacias de los centros hospitalarios.
Y desde su entrada en vigor en octubre de 2013, aunque se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse, establecía una aportación del usuario de un 10 por ciento del precio del medicamento, con un máximo de 4,26 euros.
Desde su anuncio numerosas comunidades se mostraron reacias y no la aplicaron, y hubo incluso algunas como Castilla y León, Andalucía o País Vasco que interpusieron recursos contra esta medida. Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla lo cumplen desde entonces.
Fernando Pérez-Padilla, director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), explicó esta misma semana que la aplicación del copago hospitalario se debe a que esta institución “depende del Ministerio y tenemos que acatar la ley al igual que el resto” de comunidades autónomas. “Distinto es que sufraguen de su bolsillo este gasto porque ellos tienen trasferidas las competencias en sanidad y podían cobrar o no al usuario”, expuso este portavoz de Ingesa.