El Ministerio de Justicia paraliza la privatización del Registro Civil

La batalla sindical encaminada a evitar la privatización del Registro Civil ha terminado. Al menos teniendo en cuenta el anuncio que ha hecho público el Ministerio de paralizar la entrega de su gestión a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, algo que estaba previsto para el próximo 15 de julio.

El proyecto, iniciado por el anterior titular del Ministerio, Alberto Ruiz Gallardón, aventuraba la privatización del Registro lo que podía suponer ya no solo el encarecimiento de estos trámites para el ciudadano sino también el riesgo laboral para los funcionarios dependientes de esta área. Los sindicatos se habían plantado llevando a cabo no solo manifestaciones de protesta sino también recogidas de firmas así como quejas a través de los medios de comunicación. “La situación llegó a tal nivel de tensión que hasta algunos Registradores de la Propiedad y Mercantiles han llegado a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para detener este despropósito”, informa en una nota de prensa la FSP-UGT, uno de los sindicatos que formó parte de estas críticas a la privatización, ya que “nosotros hacemos una firme apuesta por los servicios públicos gratuitos y de calidad, mirando y buscando por el bienestar de todos los ciudadanos y por la defensa y manteniendo del estado de bienestar a través de la potenciación de los servicios públicos y no entendíamos ni aceptamos esta privatización”. El sindicato espera ahora que del aviso verbal se pase a una decisión formal y recuerda que este cambio “no habría sido posible sin la apuesta firme de los trabajadores de los Registros Civiles de este país, que junto a la lucha de esta organización sindical que ha buscado apoyos en otros operadores jurídicos y asociaciones de consumidores y cumbre social, hemos mostrado al Gobierno del PP nuestra rotunda oposición a aceptar esta privatización”, añade. Por su parte CCOO ha valorado este paso pero exige al ministro Catalá que acuda a la mesa de negociación prevista para el martes 28 de abril. Hasta que vea que es efectivo ese anuncio no cesará en una lucha que empezó hace años y que se ha materializado, de momento, con la recogida de más de 700 firmas en contra, contando con la participación de los ciudadanos en la suma a esta protesta. “CCOO no puede dar por válidas sin más unas simples declaraciones a los medios de comunicación por parte del ministro, sobre todo después de llevar más de dos años luchando contra este proyecto inicialmente presentado por Gallardón pero asumido por el actual ministro desde su toma de posesión”, explica. Así que, advierten de que “solo admitiremos, para detener las movilizaciones y todas las acciones que estamos realizando junto a miles de trabajadores, la retirada inmediata de la Ley 18/2014 que pone en manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la gestión de los Registros Civiles”.