SATSE denuncia en Ceuta que el personal de la sanidad asistencial está “devastado” por la falta de medios y recursos, mientras CSIF reclama medidas urgentes para garantizar su seguridad y mejorar las condiciones en las que los profesionales desarrollan su labor.
El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Ceuta ha reclamado la urgente contratación de más profesionales sanitarios y una adecuada planificación de descansos e incentivación de los que trabajan en la ciudad autónoma, ya que el personal se encuentra “totalmente devastado y destrozado” después de llevar dos semanas teniendo que hacer frente a una grave crisis humanitaria sin los medios y recursos necesarios.
SATSE denuncia que desde el Ministerio de Sanidad, administración competente en la gestión del INGESA, no se ha dado ninguna solución efectiva a los problemas existentes en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) y en los centros de salud de la ciudad, algunos de ellos relacionados con la inseguridad de los profesionales durante la asistencia, principalmente, en los domicilios.
El Sindicato de Enfermería recalca que la reunión mantenida ayer con la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que una de sus delegadas acudió como representante de CEMSATSE (pues solo se permitía un representante por organización), fue “totalmente improductiva”, ya que “no condujo a nada”.
“La ministra de Sanidad solo se ratificó en su postura de que la situación sanitaria en la ciudad autónoma está controlada, tras la llegada masiva de migrantes de Marruecos, y no propuso ni planteó ninguna medida para paliar la actual situación. Vino a negar la mayor y decir que todo está bajo control”, apunta la secretaria general de SATSE Ceuta, Elisabeth Muñoz.
SATSE lleva reclamando, desde el inicio de la crisis, que se dé respuesta a las necesidades de personal que sufre la ciudad autónoma. Una realidad que padece todos los veranos, al no contratarse nunca a los/as profesionales suficientes, y que este año se ha agravado mucho más. “El personal ha trabajado a destajo, bajo una presión constante, y necesita descansar. Está desmotivado, demolido y devastado”, añade Muñoz.
En lo que respecta al HUCE, el Sindicato recalca que la situación es muy preocupante y que está impactando, no solo al servicio de Urgencias sino a todas las unidades que han debido adaptar su asistencia a esta realidad excepcional. “El resultado son servicios y unidades saturados, aumento de pacientes por profesional y profesionales absolutamente desbordados”, resalta.
En Urgencias, las esperas se han alargado aún más, y, una vez realizado el triaje inicial, los pacientes tienen que esperar muchas horas. Además, el hospital sufre problemas de climatización porque no se ha realizado la inversión necesaria en su mantenimiento, y se han llegado a alcanzar temperaturas de hasta 32 grados.
Por ello, y entre otras actuaciones y demandas recientes, la organización sindical ha reclamado una reunión de la Junta de personal del hospital y ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de temperatura que asume este centro sanitario.
También ha presentado un escrito a la Gerencia, a la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta y al Servicio de Prevención para solicitar una urgente valoración integral de los riesgos existentes en el servicio de Urgencias por la situación que se está viviendo. La presión sindical, explica, ha posibilitado algunas mejoras, como el contar con vigilancia en el hospital, o que se haya abierto finalmente el área de emergencias.
La situación de las/os enfermeras/os que trabajan en los centros de salud también es muy preocupante, ya que se les ha instado a realizar coberturas extraordinarias fuera de su jornada de trabajo habitual e, incluso, fuera de su centro de trabajo ordinario. “No es cierto que sea algo voluntario, sino que se les ha conminado a hacerlas pese a su claro desgaste físico, psicológico y emocional”, asevera Muñoz.
De otro lado, SATSE rechaza la medida realizada desde el Ministerio de Sanidad de establecer solo el nivel 1 del protocolo ante catástrofes con el que cuenta el centro hospitalario y demanda que se eleve al nivel 2, recordando que se han dado situaciones en días pasados de tener que atender a más de 500 personas.
“Desde el Ministerio de Sanidad, en definitiva, se está trasladando a la opinión pública una realidad que dista mucho de la que existe actualmente, ya que persisten graves problemas a los que no se ha dado solución y que son un claro reflejo de la política de ‘freno echado’ y de minimización de las señales de desgaste del sistema que se viene realizando desde hace años en la sanidad ceutí pese al rechazo manifiesto y constante de nuestro Sindicato y los/as profesionales afectados/as”, concluye.
CSIF reclama a INGESA una actuación inmediata para garantizar la seguridad de las profesionales de Enfermería del Centro de Salud del Tarajal durante la realización de la atención domiciliaria, ante las dificultades que están encontrando para efectuar determinados desplazamientos en la actual situación excepcional que atraviesa la ciudad.
El personal de Enfermería del centro ha comunicado por escrito a la Dirección de Enfermería de Atención Primaria su preocupación por las condiciones en las que está desarrollando estas salidas. Las trabajadoras describen dificultades para acceder a determinados domicilios y desplazarse por algunas zonas y manifiestan expresamente sentirse “desprotegidas y atemorizadas” durante el ejercicio de su actividad asistencial.
Ante esta situación, se ha establecido que las profesionales realicen las salidas acompañadas y en grupos de dos. Sin embargo, las propias enfermeras consideran que esta medida resulta insuficiente y han solicitado medidas adicionales que garanticen su seguridad durante la atención domiciliaria. A ello se añade que en determinadas zonas las profesionales llegan incluso a quedarse sin cobertura en sus dispositivos móviles, lo que dificulta la comunicación y agrava su situación de vulnerabilidad ante cualquier incidencia o emergencia que pudiera producirse durante el desplazamiento.
Para CSIF, el hecho de que las trabajadoras hayan tenido que trasladar formalmente esta preocupación constituye una advertencia que la Administración no puede ignorar. Ningún profesional sanitario debería tener que elegir entre cumplir con su obligación asistencial y exponerse a una situación en la que considera que su seguridad no está suficientemente garantizada.
Las profesionales dejan claro, además, que no pretenden renunciar a la atención de sus pacientes ni dejar de realizar sus funciones. Su petición es poder continuar desarrollando su trabajo con las garantías de seguridad necesarias ante unas circunstancias extraordinarias.
A estas dificultades se suma la falta de medios adecuados para realizar los desplazamientos. CSIF recuerda que ya ha solicitado en reiteradas ocasiones a INGESA la dotación de los vehículos necesarios para que los profesionales puedan efectuar la atención domiciliaria en condiciones adecuadas de seguridad, una necesidad que adquiere todavía mayor relevancia ante la actual situación excepcional.
CSIF exige a INGESA y a la Delegación del Gobierno una evaluación inmediata de los riesgos existentes, el establecimiento de un protocolo específico para las salidas domiciliarias mientras persista esta situación excepcional y la adopción de las medidas de protección, comunicación, transporte y acompañamiento que resulten necesarias.
La atención domiciliaria debe continuar, pero no a costa de la seguridad de quienes la prestan. Si las propias profesionales han advertido formalmente de que sienten miedo y desprotección durante su jornada laboral, la Administración tiene la obligación de escuchar, evaluar el riesgo y actuar antes de que se produzca un incidente.
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