La joven profesora valora su caso utilizando al hablar la primera persona del plural. Porque como ella, se encuentran hasta cuarenta y nueve jóvenes profesores, algunos aún estudiantes, que también denuncian la tardanza en el pago por el trabajo realizado entre los meses de enero y junio dentro del Plan Proa, que son los programas de refuerzo, orientación y apoyo mediante el cual el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, pretenden mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con dificultades en el último ciclo de Educación Primaria, algo que se ha conseguido “de manera sobresaliente ya que los maestros han trabajado muy bien, respondiendo con seriedad a cada una de las obligaciones marcadas en el plan”, asegura Vicenta Marín Parra, vicedecana de la Facultad de Educación de Humanidades de la UGR en Ceuta, quien se muestra “preocupada por una situación injusta que no avanza y eso que desde febrero realizo gestiones para que la demora en los pagos no se alargue”.
Según mantiene la vicedecana, “el problema radica en el propio Ministerio, que hasta que no firme el convenio y lo envíe a la UGR, el Rector no podrá hacer nada que esté a su alcance, por mucho que quiera”.
El convenio al que se refiere Marín Parra se ejecuta en Madrid, es preciso que cumpla requisitos jurídicos y que supere las exigencias que Hacienda estime. “Entonces, ¿cual es el problema?”, se pregunta Lamia Mohamed, diplomada de veinticinco años, otra de las afectadas que aún aguarda a que las clases que ha impartido en el colegio público Valle-Inclán a niños de sexto curso de Primaria entre octubre y junio, obtengan el beneficio estipulado “y ganado con esfuerzo”.
“El problema se encuentra en la Dirección Provincial del Ministerio”, asegura Ramón Galindo, decano de la Facultad de Humanidades de Ceuta, “que al ser la responsable de efectuar los pagos, es la que debe de agilizar el asunto, de ahí que nosotros nos hayamos puesto en contacto con ellos por escrito, por teléfono, a través de internet e incluso personándonos en la sede provincial, siempre después de haber realizado a la perfección nuestra tarea que no es otra que la de proporcionar y facilitar a los jóvenes profesores los elementos necesarios para que realicen el trabajo académico en buena disposición”.
Mientras fuentes del Ministerio de Educación se limitan a asegurar desde la capital que “estamos a la espera de novedades informativas sobre el Plan Proa”, Pilar Álvarez del Vayo Villalta, jefa de Unidad de Programas Educativos, ofrece una valoración que alumbra el oscuro panorama actual: “Me fui de vacaciones el ocho de agosto convencida de que durante este mes se iba a solucionar definitivamente el pago a los profesores; en cualquier caso, Hacienda, que había demorado el asunto en demasía, ya había dado el visto bueno al convenio del Plan, por lo que ahora sólo se está a la espera de que el ministro lo firme y lo envíe a Granada para que, de inmediato, se proceda al ingreso económico”.
Idéntica información, aunque un tanto más detallada, maneja el director Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta quien avista “una solución inminente ya que el ministro podría haber firmado ya y el convenio podría estar llegando en estos próximos días a Granada”. Asimismo, Aquilino Melgar reconoce que “la quejas de los profesores están justificadas aunque jamás he visto que la remuneración corriera peligro porque, pese a la crisis económica que azota al país, el Ministerio tiene bien valorado este plan razón por la cual planea incluso ampliar su puesta en marcha”, cuestión que la Jefa de Unidad de Programas Educativos también secunda “aunque habrá que plantearse cuándo se firma el convenio y fjarlo en unos plazos para que no ocurra otra vez ninguna demora”; “quizá el modelo sea el de Andalucía”, retoma el hilo Melgar, “donde los profesores cobran más tarde que en Ceuta pero no se genera ningún malestar porque conocen y firman el día que recibirán el salario”.
En todo caso, y a expensas de que el Ministerio, a nivel nacional, confirme la “inminente solución”, tanto Lamia como Patricia Reinoso, Belén Reguero y la mencionada Nieves –así como el resto de profesores del Plan Proa–, pueden estar viviendo el final de una incertidumbre que se alarga desde enero, el primero de los seis meses que han desempeñado su labor de enseñanza sin recibir el dinero que le corresponden y “que necesitamos para ayudar a la familia, para pagar el alquiler y, en definitiva, para vivir”.
