Los problemas con Gibraltar vienen de lejos, pero esta grave crisis diplomática y política entre dos socios de la Unión Europea tiene un claro trasfondo ambiental. Todo comenzó con el lanzamiento de bloques de hormigón, provistos de afiladas barras de hierro, en un caladero que los pescadores campogibraltareños llaman “el quita hambre”. Y es que es en este punto concreto –durante los meses de invierno, cuando se reduce el volumen de captura– donde los pescadores consiguen un mínimo de capturas para superar el bache invernal. Conocedores de esta circunstancia, el Gobierno de la colonia inglesa de Gibraltar tomó la decisión unilateral de crear un arrecife artificial para regenerar, según dicen, la biodiversidad de la zona. Un lanzamiento de bloques que impedirá en el futuro la actividad de los barcos pesqueros españoles.
La creación del arrecife artificial en las proximidades del puerto de Gibraltar, en aguas cuya jurisdicción no está clara, ha sido la gota que ha colmado la paciencia del Gobierno de nuestro país. La respuesta ha venido en forma de intensificación de los controles de acceso al Peñón y una elevación del tono reivindicativo sobre la soberanía de la mítica Calpe hercúlea. Llamadas de teléfono, amenazas de adopción de medidas legales excepcionales, la entrada en juego de las máximas autoridades comunitarias, llegada “causal” de barcos de guerra, hasta la insólita declaración de hacer piña con Argentina, en su reclamación de las Malvinas, forman parte del juego mediático y diplomático a la que estamos asistiendo este caluroso verano.
Para echarle más leña a la barbacoa, por aquello del tiempo veraniego, el ministro de Medio Ambiente, más nervioso que un pavo escuchando la pandereta, da una rueda de prensa para anunciar el reforzamiento de las normas legales para acabar con la actividad del bunkering en la bahía de Algeciras. Para explicar esta medida excepcional echa mano de los argumentos que los grupos ecologistas llevamos tiempo esgrimiendo para criticar estas maniobras de suministro de fuel en medio del mar: los riesgos de contaminación accidental, los continuos derrames por el ir y venir de mangueras y las bombas de relojería que constituyen las denominadas gasolineras flotantes. Además de este sólido argumento, el señor Cañete explicó a los medios de comunicación que hace unos meses el Gobierno español aprobó la declaración como Zona de Especial Conservación de las aguas que rodean al Peñón de Gibraltar.
La noticia de la intención del Gobierno español de prohibir el bunkering en la bahía de Algeciras suscitó una sorprendente declaración del PSOE ceutí. Según recogieron los medios locales y nacionales, el señor Carracao, secretario general del PSOE de Ceuta, reclamó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que solicitase al Estado central que nuestra ciudad quedase exenta del cumplimiento de las medidas anunciadas por el ministro de Medio Ambiente para impedir la práctica del bunkering. No me lo podía creer. Es increíble que el responsable de un partido que vende una imagen de grupo político sensible y comprometido con la protección del medio ambiente, se pusiera delante de un micrófono para defender los intereses de las empresas petrolíferas sin importarle un pimiento las consecuencias medioambientales de una actividad que el propio Ministerio estaba reconociendo que entraña graves riesgos ambientales. Todo por la pasta, sí señor. La cuestión es continuar con un negocio en el que los beneficios se privatizan y los riesgos se socializan. Esperemos que no suceda, pero si algún día sufrimos un accidente de contaminación marina por el notable incremento de la actividad de bunkering en nuestras costas, habrá que tirar de la hemeroteca para recordarle al señor Carracao sus declaraciones de este verano. Unas portadas, todo hay que decirlo, incluida la de este medio, que recogieron las declaraciones del ministro de Medio Ambiente en un tono de satisfacción y euforia por las consecuencias económicas positivas de las que podría beneficiarse el puerto ceutí.
Desde Septem Nostra, como venimos denunciando desde hace años en los informes anuales sobre las costas españolas que edita Ecologistas en Acción y en todas las ocasiones que se nos presentan, como en la reciente tramitación del Plan Hidrológico de Ceuta, hemos denunciado que de las actividades económicas que tienen como escenario la masa de agua superficial la que entraña mayores riesgos de provocar impactos ambientales es la actividad de bunkering. El aprovisionamiento de combustible en las aguas de Ceuta ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Todo apunta a que estamos asistiendo a un basculamiento en la localización de esta actividad de la bahía de Algeciras –donde la presión social no ha dejado de crecer ante los continuos accidentes y vertidos– hacia la de Ceuta. Esta situación nos preocupa seriamente, ya que las consecuencias de un accidente marítimo en el que se vieran afectados barcos de suministro de combustibles tendrían para nuestra ciudad consecuencias gravísimas.
Hay que tener en cuenta la importancia ambiental y la extrema fragilidad de los ecosistemas marinos ceutíes. Un accidente supondría un perjuicio permanente y de difícil reversión. Pensamos que este debería ser un motivo suficiente para impedir, como medida preventiva, la actividad de bunkering fuera de la zona I portuaria (zona interior del puerto). En el plan hidrológico de Ceuta, recientemente aprobado en el Consejo Nacional del Agua, se considera a estas aguas interiores del puerto como “masa de agua muy modificada”, de modo que va a ser difícil su recuperación integral. Si ya existe un espacio alterado, éste debería ser el lugar idóneo para la actividad del bunkering, y no trasladar el aprovisionamiento de combustible a la zona II de fondeadero donde aún se dan unas condiciones de calidad ambiental buenas.
En todo caso, y si nuestra sugerencia de limitación de las operaciones de bunkering a la zona I no fuera atendida, lo mínimo exigible sería adoptar cuantas medidas correctoras fueran necesarias para impedir cualquier vertido accidental en el litoral de Ceuta. Debería establecer un riguroso protocolo de control y supervisión de la propia actividad y de los medios utilizados (embarcaciones, equipos, formación del personal, medios de contención ante accidentes marítimos, etc…), además de un permanente programa de vigilancia ambiental que detectará posibles afecciones en los ecosistemas marinos.
Por otro lado, partiendo del hecho de que las operaciones de bunkering constituyen un peligro potencial de contaminación marina, ya sean los que producen los pequeños vertidos que se producen en el trasiego de las mangueras o los accidentes de mayor gravedad, deberían adoptar medidas compensatorias, cuyo destino debería ser el propio ámbito ambiental más expuesto: el litoral de Ceuta.
Para concluir una reflexión. El otro día vimos en la prensa nacional, concretamente en El País (18 de agosto de 2013), un plano de la Zona de Especial Conservación (ZEC) aprobada en el entorno del Peñón de Gibraltar por el Gobierno de España. En el interior del espacio protegido se ubicaban una serie de puntos rojos y azules que indicaban la presencia de especies animales de interés comunitario, base justificativa de la designación de este lugar como reserva natural. De manera explícita se citaban a tres especies: el delfín mular, la marsopa y la tortuga boba. Un tipo de tetrápodo marino, este último, que está siendo impunemente masacrado en las costas ceutíes por la actividad de las almadrabetas sin que las administraciones competentes hagan nada más allá de su habitual juego de mover papeles de uno a otro de los negociados del circunloquio dickesiano. La conclusión de estos hechos es que a los gobiernos de España, Reino Unido, Ceuta y Gibraltar les importa un bledo la conservación de nuestro patrimonio natural. Han impedido la entrada de arenas robadas de las dunas de Valdevaqueros (Tarifa) no “por el medio ambiente”, como rezaba en el titular de una periódico nacional, sino simplemente como un arma política que conviene mostrar durante su absurda y estéril lucha diplomática.
