El juzgado pide una fianza de 500.000 euros por el ‘caso de los neonatos’

El juzgado de instrucción número 4 ha dictado un auto por el que requiere a la aseguradora AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) a que presente una fianza de 500.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades que pudieran imponérsele en el caso judicializado por la muerte de dos bebés prematuros en el Hospital de la Cruz Roja, en el año 2006.

La fianza se solicita de forma conjunta tanto a la aseguradora AMA como a Zurich, advirtiéndoles de que si no presentan la fianza de manera conjunta, se les impondrá a cada una un aval de 500.000 euros.
Con este trámite solo queda conocer la fecha de juicio oral que se seguirá en el juzgado de lo Penal para reactivar un caso que sucedió hace ya cinco años y que estuvo bloqueado durante un tiempo en el juzgado número 4, uno de los más presionados al recibir los casos relacionados con la violencia de género.
Los padres de los bebés fallecidos siempre han mantenido que éstos podían haber vivido y que su muerte se debió a una presunta mala praxis médica. De aquellos hechos, ocurridos en diciembre de 2006 se dio lugar a la apertura de este caso en el que ha tenido que intervenir el Defensor del Paciente para ayudar a que se desbloqueara, debido a que durante meses no recibieron ni notificaciones judiciales ni hubo respuesta oficial por parte de Ingesa.
María del Valle y Francisco José, padres de los bebés, iniciaron así una lucha también mediática para conseguir que se hiciera justicia, ya que, mantienen, los gemelos fallecidos -varón y hembra- podían haber vivido después de algo más de 27 semanas de gestación. No fue así y a pesar de que estuvieron varias horas con vida los responsables médicos optaron por dejarles morir ya que consideraban que no eran viables y que mantenerles con vida no era más que alargar su agonía.
A pesar de haberlo solicitado en más de una ocasión, los padres desconocen dónde fueron enterrados los fetos o si fueron incinerados.

“Sentimos que los dejaron morir”, dicen los padres

María del Valle Martín y Francisco José Carrasco han mostrado su pesar, en distintas entrevistas con ‘El Faro’, porque nadie les consultó en la decisión médica que se adoptó con sus hijos. Los padres mantienen que los gemelos nacieron llorando y que se les dijo que no vivirían más de diez minutos.  Nadie consultó a los padres sobre el futuro de esos niños y se tomó la decisión de no incubarlos. Las predicciones de los médicos fallaron y las horas pasaban sin que los niños dejaran de respirar, horas en las que los abuelos jugaron con ellos y comprobaron que "los bebés eran capaces incluso de tomarles el dedito", indicaba el padre de los bebés a este medio. Los niños continuaban con vida, desnudos y sin comida sobre una mesa del hospital. Uno de sus abuelos los cubrió con una sábana pero una enfermera se la retiró inmediatamente alegando que con esa medida tan sólo lograría alargar el sufrimiento de los pequeños. Los padres dicen que durante todas esas horas los bebés estuvieron con vida “sin ninguna atención médica". "Lo que más nos duele es que no intentaron nada, sentimos que los dejaron morir", lamentaba la madre de los pequeños en una entrevista con este medio.

De imputados y defensa

La historia que ha rodeado al llamado ‘caso de los neonatos’ deja dos versiones enfrentadas. Una la de Ingesa, que ha optado por la callada como respuesta, y otra la de los familiares que se han sentido apoyados por las imputaciones hechas tanto por el Ministerio Fiscal como por el juez.
Según la calificación del fiscal, entiende que podría existir un  delito de homicidio por imprudencia profesional grave en el que habrían incurrido, supuestamente, los médicos J.J.Q.G. y S.O.A. En las conclusiones que hace el Ministerio Fiscal refleja, por un lado, que el peso que alcanzaron ambos niños no es el que luego fue registrado como tal. Indica además que la atención médica que se dispensó a la parturienta el día de los hechos no fue la adecuada.
Así, en su escrito oficial el Fiscal expone que el acusado J.J.Q.G., que estaba asumiendo funciones de pediatría, llamó por teléfono al segundo de los médicos imputados, S.O.A., “suministrando información errónea de fetos de 24 semanas y ambos concluyen de común acuerdo sin más comprobaciones la inviabilidad de la que se deriva la limitación en la intervención con los recién nacidos, en una modalidad extrema que derivó en una agonía mortuoria de más de diez horas a la que no se aplicó ningún paliativo”, indica.
El fiscal dice más. Señala que “los acusados actuando en calidad de reanimador neonatólogo y de pediatra realizaron pues la valoración de inviabilidad de los fetos con datos obtenidos antes del alumbramiento. Obviaron otros medidores habituales como son el reconocimiento físico de los nacidos. En el caso de S.O., que sólo intervino por teléfono, el peso, la fecha de la última regla y la historia clínica, llevando a cabo dicho cálculo J.Q.G. a simple vista y con la ecografía, estableciendo el mismo en semana 23 de la evolución de los fetos. En realidad los nacidos tenían retraso en el crecimiento intrauterino y una edad gestacional superior a las 25 semanas (en concreto 27 y media), por tanto lo aconsejable hubiera sido una conducta activa”.
Indica en su escrito el fiscal que “sin embargo optaron por la limitación de la intervención extrema sin seguir y controlar la evolución de los recién nacidos, no suministraron analgésicos, no realizaron pruebas analíticas, no intervinieron en el proceso mortuorio que habían pronosticado a ‘ojo clínico’ y que se alargó, no en los diez minutos informados a los padres, sino en 10 y 17 horas y media, en cuyo transcurso los recién nacidos no obtuvieron ayuda ni atención”.
Señala que la “falta de control en la evolución impidió que en su caso se estudiase la posibilidad o se adoptara alguna decisión acerca de la incubadora, respiración o calor ventilatorio dentro de una línea de intervención activa a fin de recuperar la vitalidad”.
En el documento del Ministerio Fiscal se indica además que a los recién nacidos “se les diagnosticó respiración ineficaz y a pesar de la resistencia de estos a la inanición, hipotermia, falta de hidratación y carencia de cuidados durante diez horas para el varón y 17y media para la mujer, no se reconsideró por los acusados la decisión inicial, que no fue consensuada  con los padres, quienes no fueron informados ni consintieron”.
Señala el fiscal que los acusados omitieron confeccionar la oportuna historia clínica y tomar medidas dentro de las precauciones exigibles como evacuar a los recién nacidos a otro centro o reclamar la presencia de especialistas. “En el cúmulo de irregularidades hay que añadir el enterramiento sin identificar y sin registrar en la sección del registro civil de criaturas abortivas”.
Para el Ministerio Fiscal se estaría ante un presunto caso de homicidio por imprudencia profesional grave que conllevaría las penas de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante seis años.
Por su parte la Acusación Particular entiende que se estaría ante un presunto delito de homicidio imprudente, otro de intrusismo y un delito de falsedad en documento público, por lo que solicita una pena de 4 años e inhabilitación de seis por el primero, una multa de 12 meses a razón de 50 euros diarios por el segundo, y 3 años, multa de seis meses e inhabilitación para el ejercicio de la medicina por el tercero.
Este medio  ha solicitado a Ingesa que aporte públicamente la defensa de los dos acusados pero la dirección sanitaria ha optado por desechar la solicitud al entender que no debe pronunciarse sobre un asunto judicializado.