El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 ha emitido un auto por el que acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas contra la consejera Yolanda Bel, que fue denunciada por un presunto delito de prevaricación en lo que se dio a conocer como ‘caso Kibesan’.
Tal y como consta en el auto a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, la magistrada titular señala que los hechos denunciados, que fueron trasladados a instancia judicial por la asociación ‘Conciencia Libre’, “no son constitutivos de infracción penal”. Esta denuncia perseguía vincular a la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, con ese delito por contratos de suministro celebrados entre el departamento bajo su competencia con la empresa Kibesan 2000, SL. Se le acusaba de ejercer una contratación “ilegal” o “a dedo”, evitando la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, con esa empresa concediendo, presuntamente, contratos de determinados suministros para la cual la mercantil había modificado el objeto social. En el auto notificado ayer a las partes, se hace constar que “de los documentos aportados” y que se unieron al proceso, “no existe ninguno que ponga de manifiesto el delito imputado y presuntamente ejecutado por la señora Bel”, aclarando además que “no existe indicio alguno de comisión de hecho delictivo por el negociado administrativo de contratación en cuestión ni, mucho menos, por la señora Bel, frente a la cual se ha dirigido siempre la presente denuncia”, señala. Según la titular de este Juzgado, de los documentos aportados por la entidad denunciante “no existe ninguno que ponga de manifiesto el delito” de prevaricación que se le imputaba a la consejera, como tampoco existe “indicio alguno de comisión de hecho delictivo por el negociado administrativo de contratación en cuestión, ni mucho menos” por Bel, añade la magistrada. En el auto, la juez asegura que en el presente caso se siguió “el procedimiento legalmente establecido para la contratación de los materiales suministrados”, y que “la empresa Kibesan 2000 ha cumplido”. En lo referente a “los requisitos fiscales necesarios” para realizar el suministro (objeto social) del mismo modo que la Ciudad Autónoma ha cumplido con “las formalidades legales”. Advierte su señoría que, teniendo en cuenta que la parte denunciante había expuesto que Bel podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa, “no es suficiente que una resolución administrativa no sea adecuada a derecho para que constituya un delito de prevaricación”. “El control de legalidad de los actos de la Administración corresponde, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa y no sería compatible con la correcta articulación entre los poderes del Estado de Derecho diseñado en la CE una criminalización sistemática de los actos de la Administración que estuviesen en contradicción con la ley o implicasen desviación de poder, como ciertamente ocurriría si todo acto administrativo ilegal fuese considerado penalmente injusto”, apunta. En dicho auto se puntualiza que “la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente que únicamente cabe reputar injusta una resolución administrativa a efectos de incardinarla en el correspondiente tipo de prevaricación cuando la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa”. Recuerda además la jueza que para que el delito se entienda como cometido se requiere además que la autoridad o funcionario “actúe a sabiendas” de la “injusticia de la resolución que dicta, lo que ha de entenderse como sinónimo de intención deliberada y plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, adopta un determinado acuerdo porque quiere aquel resultado y antepone su voluntad de cualquier otra consideración”. En el presente caso se aclara que se ha seguido “el procedimiento legalmente establecido” tanto para la contratación de los materiales suministrados como en el cumplimiento de los requisitos establecidos”. Aclara además que “nada hay que imputar a la señora Bel, dado que de la instrucción practicada, ninguna irregularidad ha habido, ni directa ni indirecta, que enturbie el ejercicio a ella encomendado”, aclara la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta. “Del mismo modo” –continúa el auto– “no es posible hablar de una actuación arbitraria o inmotivada” y “menos aún puede estimarse que la actuación administrativa haya incurrido en una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, como viene exigiendo la doctrina jurisprudencial, por lo que no puede apreciarse que la actuación denunciada pueda ser constitutiva del delito de prevaricación denunciado, al no concurrir los preceptos legales para su apreciación”. “Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la titular Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta decreta el archivo de las actuaciones”, completa. Las tesis que ha plasmado en su auto la titular magistrada del número 1 siguen la línea que, por su parte, había mantenido el Ministerio Fiscal en torno a este caso desde el primer momento de la instrucción.
La historia que hay detrás
1.- 4 octubre de 2013: la denuncia La asociación ‘Conciencia Libre’ presenta denuncia en Fiscalía contra Yolanda Bel por un presunto delito de prevaricación. Lo hace el 4 de octubre de 2013 y comunica esta decisión a los medios de comunicación. El Ministerio Fiscal sigue los trámites ordinarios en este tipo de casos y da traslado de la misma al juzgado para que inicie una investigación. Se sigue así lo que se considera normal en el ámbito judicial, aunque este hecho es ‘noticiado’ como si ya se diera por hecho la existencia de corrupción.
2 .-Qué dice Bel La consejera defiende que nada tiene que ver con el delito que se le imputa. Lo hace en una comparecencia oficial a los pocos días de conocerse la denuncia, con posterioridad evita hablar más del tema puntualizando que lo haría ante la instancia judicial y no en los medios de comunicación. La decisión de Bel no impide que el resto de formaciones conviertan este asunto en objeto de crítica política. De hecho el propio PSOE la suma al ‘carro’ de batalla, al igual que hiciera con el ‘caso Urbaser’ reclamando incluso una comisión de investigación y trasladando el asunto a sesión plenaria.
3 .-Vivas pone la mano en el fuego El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, repite en varias de sus intervenciones ante la prensa la misma frase: “Pongo las manos en el fuego por Yolanda Bel”. Incluso cuando ésta tiene que acudir a declarar al juzgado, el propio Vivas le acompaña a sabiendas de que ambos iban a ser captados por los medios de comunicación que esperaban a las puertas del Palacio de Justicia. El líder del Gobierno de Ceuta y del PP Regional considera que está asistiendo a "un ataque persistente, premeditado y orquestado" con "manifiesto interés político" que, protagonizado por muchos que hace nada le doraban la píldora, sólo persigue "debilitar al presidente y al Ejecutivo de la Ciudad".
4 .-La primera crítica, la del PSOE El secretario general de los socialistas ceutíes, José Antonio Carracao, ofrece una rueda de prensa para “saludar” la llegada de la asociación ‘Conciencia Libre’ a la ciudad y pide a la ciudadanía que "presione a este gobierno para que note que las horas de hacer lo que les daba la gana se han acabado". "El Partido Popular de Juan Vivas y su Gobierno, han sucumbido a la idea de que todo lo que pase en Ceuta y la vida de los ceutíes, les pertenece”, expone. “Está claro que este nuevo ‘caso Kibesan’ se parece mucho a lo que todos pensamos, por eso el Gobierno debió dar muchas más explicaciones y no quedarse en una comparecencia de la consejera para amenazar con los juzgados al que hablara del caso y decir que lo que ella hace, lo hace para que ‘coman todos".
5.- Sin reacciones Solo la Ciudad valoró ayer el auto judicial con el que se decretaba el archivo de este caso y se consideraba que no existía infracción penal imputable a Bel. El resto de partidos políticos no emitió nota de prensa alguna para valorar la decisión conocida. Tampoco hubo valoraciones en las redes sociales al respecto de asociaciones que fueron críticas en su momento.
6.- Apoyos a Yolanda Bel Sí que a través de las redes sociales se hicieron público mensajes en apoyo a Yolanda Bel de gente del Partido Popular. No hubo rueda de prensa pero sí que se optó por esta otra vía para manifestar apoyo a la consejera.
7.-Sin presentación política Ya semanas atrás la propia Bel dejó caer que no estaba clarificado su futuro con cargo público en el Gobierno, dejando abierta la posibilidad de volver a la docencia ya que tiene plaza en el colegio San Daniel. Tras conocerse las listas del PP, queda claro cuál es el futuro elegido.
