El intento de fomentar el empleo legal en el servicio doméstico es “un fracaso”

Sólo cinco de las 24 mujeres que han asistido a los cursos de formación del SPEE están empleadas · Frente a ésto, miles de mujeres marroquíes continúan trabajando como ilegales en la ciudad ocupando una profesión “de fácil cobertura”

Casi la mitad de los transfronterizos que entra legalmente a Ceuta cada día lo hacen como empleadas del servicio doméstico. En concreto, a día de hoy, de los 1.401 marroquíes que entran de manera legal por el Tarajal, 645 acuden a los hogares de los ceutíes para limpiar, cocinar y atender a las familias. Lo hacen legalmente tal y como confirman fuentes de Delegación de Gobierno. Una minoría considerable si tenemos en cuenta los datos del último estudio al respecto que habla de un flujo de 30.000 personas atravesando la frontera a diario.
Si hay demandantes de empleo españoles en las listas, la cobertura de los puestos de trabajo será suplida por ellos. Así se acordó actuar hace ahora un año para solventar el problema que suponía la contratación de extranjeros, en su mayoría marroquíes, que acudían a Ceuta para trabajar desde el otro lado de la frontera mientras la ciudad permanecía ahogada por las altas cifras de desempleo. La crisis ha provocado que los demandantes de profesiones consideradas como de difícil cobertura en las que era complicado encontrar interesados, se multiplicaran. Éste es el caso de las empleadas en el servicio doméstico. Los datos son claros y la demanda ejemplificadora: “Ceuta le lleva la contraria al resto del país y mientras que los demandantes de empleo son a porcentajes similares hombres y mujeres en la media española, en Ceuta son las mujeres las que acaparan el 60 por ciento de las listas del paro”, explica el director del Servicio de Empleo, Carlos Torrado.
De esas demandantes, un 36% carece de estudios y la gran mayoría poseen una baja cualificación académica. En las calles de Ceuta decenas de personas se manifestaban cada día pidiendo empleo y recorrían las principales calles de la ciudad exigiendo soluciones a la situación de crisis que se había avecinado. Fue entonces cuando se decidió poner en marcha una política de fomento de este empleo de manera legal,  y los extranjeros que estaban en trámite de regulación consiguieron los permisos necesarios, pero el resto no y ya “es complicado conseguirlos porque se incurriría en una ilegalidad. Hubo mucho tiempo para hacerlo. De las cientos de mujeres marroquíes que trabajan en las casas se regularizarían dos decenas cuando hace seis años se llamó a una regularización. Ahora la ley es clara: las únicas profesiones en las que se libera al empleador para contratar a extranjeros en Ceuta son las relacionadas con Medicina: médicos especialistas de familia, oncólogos, pediatras y de rehabilitación”. Y el Gobierno decidió que se prepararía a esas demandantes de empleo con un total de tres cursos de temática completa en los que se enseñaba a las asistentes demandantes de ese tipo de empleo a realizar todas las tareas del hogar. Pues bien, ya han concluído dos de esos cursos y tan sólo se han colocado cinco mujeres. “Nadie cree que esa demanda de empleados sea tan baja pero los ceutíes siguen contando con marroquíes y saltándose las leyes”, aduce Torrado que insiste en que “no debemos mirar para otro lado en este panorama ilegal y es cierto que es decepcionante que no se cumplan las expectativas del plan y que sea un fracaso”.
Recuerda que contratar a una persona extranjera al fin y al cabo sale más caro que a una nacional porque a ésta última se le puede hacer un contrato parcial y pagarle la parte proporcional a lo que trabaja. Pero la realidad es otra y en la actualidad hay 687 personas dadas de alta como empleadoras de personal y 715 que lo hacen inscritas en el régimen de empleadas de hogar.
La gran mayoría de ese flujo de marroquíes que entran por el Tarajal cada mañana sigue sin papeles. Y ahí radica parte de un problema complejo que el Gobierno tendrá que replantearse. Una economía sumergida evidente. Muchos ceutíes actuando de manera ilegal  y otro pequeño porcentaje que por cuestión de confianza prefiere regularizar la situación de sus empleadas domésticas antes que una de las que ha realizado el curso pero no pueden. Están cometiendo un delito tanto por no tener dado de alta en la Seguridad Social a un trabajador como por tener a personal extranjero sin permiso de trabajo. El Servicio de Inspección de Trabajo multó el primer semestre del pasado año con más de 600.000 euros a empresas que contrataban mano de obra ilegal, pero los domicilios particulares donde desarrollan su trabajo las empleadas de hogar son inviolables. Y los empleadas ilegales no mueven ficha. Quieren trabajar. Aunque cada vez más acuden a sindicatos como CCOO a denunciar despidos improcedentes una vez demuestran la relación laboral. “Siempre suelen llegar a un acuerdo. Los que las emplean no quieren problemas”, explica el abogado del sindicato, Faisal Abdel-lah. Nadie quiere problemas. Pero los hay.

Ya no se contrata a empleadas de hogar marroquíes

Se han invertido unos 45.000 euros en cada uno de los tres cursos desarrollados por el SPEE para solventar la situación. El tercero, a punto de finalizar, supondrá una bolsa de 34 mujeres especializadas para trabajar en el servicio doméstico capacitadas para desarrollar las tareas acordes al puesto. Posibilidades para reducir la brecha del desempleo en la Ciudad y de controlar la burbuja de ilegalidad del sector. De poco ha servido. Hasta el momento sólo cinco trabajan frente a cientos de marroquíes sin residencia en Ceuta que ocupan puestos de trabajo ilegalmente. Los que las contratan pagan incluso un tercio menos si se tienen en cuenta las horas que las mujeres dedican al servicio. A la mayoría es lo que más les importa pero el pequeño porcentaje de empleadores que quieren darles papeles, ya no pueden. Deben contratar a las que están dentro del sistema legal.

“Me pagan 300 euros mensuales por trabajar todos los días como interna excepto los domingos que voy a Tetuán a ver a mi familia”

Miles de mujeres permanecen calladas. Tienen dinero para seguir haciendo frente a la vida. "Al menos tenemos un trabajo. Que es ilegal y que nos explotan, sí es cierto. Pero podemos conseguir 200 ó 400 euros a final de mes y eso es lo que importa". Sukaina y Fatima no quieren denunciar. A la primera, que lleva cinco años trabajando con un matrimonio de funcionarios y atendiendo la casa y a sus hijos, le pagan 300 euros mensuales por trabajar todo el día como empleada doméstica. “Me dejan acudir a clases para mejorar mis estudios y lo agradezco”. Acude los domingos a visitar a su familia en Tetuán. Lucha por mejorar. Invierte lo que puede en libros, en aprender español y en ayudar a su familia. Hace tiempo le planteó a sus  jefes la posibilidad de regular su situación. Lleva varios años trabajando para ellos. Recientemente se decidieron a preguntar “pero me dijeron que era complicado. Al principio porque no querían pagar más y ahora porque me dicen que es difícil. Yo sigo igual y no me gusta ser una ilegal, pero tampoco me gustaría perder lo que tengo, por eso no doy la cara aunque intento cambiar esta situación explicando mi caso”, explica. Ella sigue trabajando allí y no quiere denunciarles porque al menos sobrevive y conoce a muchas mujeres en su situación a las que pagan la mitad. "Al fin y al cabo ellos me hacen el favor y puedo ahorrarme el dinero del transporte diario a Tetuán y me quedo a dormir en su casa". Otra ilegalidad. No son residentes muchas de ellas pero pernoctan en la ciudad.
Otras van y vienen a diario como es el caso de Fatima, que vive en un pueblo cerca de Rincón y gasta una media de cuatro euros en transporte al día para llegar primero en taxi compartido y luego en dos autobuses hasta el domicilio donde limpia cada día en la zona de Playa de Benítez. Una amiga dio buenas referencias a su jefa y lleva cuatro años junto a ella. “Es buena, me da ropa que va a tirar para mis hijos y se porta bien conmigo. No tengo papeles pero no los pido tampoco porque igual no le gusta que lo haga y me echa. Pero estoy contenta porque me da 250 euros limpios, y eso me da para vivir y sacar a mis hijos adelante. Mi marido está en paro”.

“Somos varias las familias que por vínculos de confianza queremos contratarlas y no podemos hacerlo”

Pagan justos por pecadores. No son muchos, pero algunos quieren dar papeles a las personas que durante años han estado trabajando en sus casas. La administración recuerda que ha habido tiempo de sobra para planteárselo pero los afectados insisten en que “la resolución que se tomó hace un año es discriminatoria porque realmente queremos que esas mujeres que por confianza o continuidad continúen trabajando para nosotros y se plantea el momento de hacerlo y no podemos. No queremos a otras mujeres, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, de cuidar a nuestros hijos, queremos a las que han demostrado que saben hacerlo y han establecido vínculos como de familia con nosotros”.  Aseguran que “nadie puede obligarnos a contratar a una persona que no queramos”, pero la ley es clara: la contratación de personas nacionales es obligatoria en este caso desde hace un año y si no se cumple se está cometiendo una infracción. Saben que actúan de manera ilegal y les preocupa. “Pedimos que se piense en lo que queremos actuar bien y tratar con dignidad a las mujeres que nos ayudan a sacar adelante a las casas y a nuestras familias. Que abran un cupo extraordinario y que no obliguen a las gestorías a tener paralizadas las tramitaciones de resolución de papeles para ellas por una medida discriminatoria en la que no caben excusas porque está claro que no funciona y que se seguirá contando con las marroquíes para estos puestos de trabajo”.