El inaplazable debate sobre población y territorio en Ceuta

A diferencia de Ceuta, la evolución de la población  viene preocupando desde hace décadas a los ciudadanos, las empresas y las autoridades de Canarias. Tanto que en el año 2002, a instancias del gobierno canario, se creó el Comité de Expertos en materia de población e inmigración. En el preámbulo del decreto que reguló su constitución y funcionamiento se indicaba la necesidad de “hacer una reflexión y discusión serena, racional y responsable sobre el proceso de aumento poblacional, en el contexto geo-económico canario y en la coyuntura de globalización en la que estamos inmersos”. Una reflexión que se entendía necesaria por las consecuencias del incremento de la población sobre “las políticas de cohesión social y de empleo, sobre los servicios públicos de salud y educación, sobre las redes de infraestructuras y equipamientos y, en general, por los efectos sobre el nivel y calidad de vida en esta región ultraperiférica de la Unión Europea”. De manera explícita se llama la atención sobre “las consecuencias socioeconómicas, políticas y culturales” que puedan derivarse de la presión demográfica, “en el presente y en el futuro inmediato”.
Después de varios meses de intenso trabajo se presentó el informe encargado a los integrantes del comité de expertos sobre población e inmigración, cuya presentación por el entonces Presidente del Gobierno Canario, el Sr. Román Rodríguez Rodríguez, comienza con la siguiente declaración: “los fenómenos vinculados a los flujos migratorios y al incremento poblacional preocupan a la ciudadanía de las Islas, por su incidencia en la ocupación de un territorio limitado y –afortunadamente– en gran parte protegido, por su efecto en el aumento de la demanda energética y la generación de residuos, por sus consecuencias en la saturación de los servicios públicos –especialmente los sanitarios y educativos– o en la evolución de las redes de infraestructuras y equipamientos, y, también, por percibir los riesgos que un crecimiento descontrolado y poco asimilable suponen para el modelo de convivencia”.
Ya en la introducción del estudio se proclama que “la densidad demográfica es muy alta en las Islas Canarias. Si el horizonte que imaginamos y deseamos para nuestros hijos es uno que no rebase las características actuales del estilo de vida que ya de por sí enjuiciamos críticamente, entonces no se puede contemplar el aumento regular y continuado de la población como algo normal, cosa que venimos haciendo desde hace más de treinta años”.
En este párrafo dice este grupo de expertos, -constituido por reputados sociólogos, demógrafos, historiadores, etc..-, que la densidad de población es demasiado elevada en el territorio canario, cifrada en 280 hab/Km2. ¿Qué dirían de Ceuta si supieran que nuestra densidad de población es de 4039,37 hab/Km2, casi veinte veces más que la canaria?. Ambos territorios, con todas las salvedades que se quieran esgrimir, presentan condiciones similares: reducido tamaño del territorio, posición geoestratégica, extrapeninsularidad, elevado valor natural y paisajístico, alta presión migratoria y, en el caso de Ceuta, el ser frontera con un país no comunitario con el que resulta notorio un elevado desequilibrio en el nivel de desarrollo socioeconómico. Precisamente estas semejanzas han servido para solicitar la equiparación de Ceuta a la figura de territorio ultraperiférico de la Unión Europea.
Volviendo al informe del comité de expertos  sobre población e inmigración auspiciado por el gobierno de Canarias, éste elevó una serie de propuestas en torno a dos líneas de acción: la previsión, negociación  y ejecución de medidas de control de flujo migratorio; y la ordenación y ampliación de las políticas y programas de integración social de los inmigrados. En cuanto a las propuestas de ordenación de flujos se plantean una serie de medidas en el marco de las políticas de ordenación del territorio y urbanísticas, combinadas con ciertas iniciativas en la concesión de permisos de trabajo y residencia a extranjeros no comunitarios.
Según reza en el informe redactado por el citado comité de expertos, “la capacidad de carga demográfica y consiguiente urbanización del archipiélago canario se ve desbordada por tres flujos principales: la inmigración procedente de Europa, incluida la España peninsular; la inmigración, legal e ilegal, africana e iberoamericana, y la difusión de segundas residencias de la propia población canaria”. En Ceuta hemos batido record en crecimiento poblacional en los últimos años: 786 (2008), 1.285 (2009) y 1.905 (2010). Hay que tener en cuenta que nuestro crecimiento vegetativo es de aprox. 650 personas al año, muy elevado debido a la alta tasa de natalidad, pero superado ampliamente por el número de personas que se han empadronado en Ceuta en los dos últimos años. Del incremento de población en el año 2010, según datos del INE, 1.460 personas tienen nacional española, y el resto, 445 son extranjeros.
Resulta significativo que en este crecimiento de la población el peso de los extranjeros haya experimentado un elevado incremento, pasando de un 3,58 %(2008) al 12,54 % (2010). No obstante, hay que subrayar que estos datos no se ajustan a la realidad, al no incluir el elevado número de inmigrantes irregulares en la ciudad.  
Tal y como reconoció un alto cargo del gobierno de Ceuta en el Senado, la cantidad de inmigrantes irregulares en nuestra ciudad ha sido estimada “entre  3.000 y 4.000, de los cuales, y teniendo en cuenta que en la misma fecha el número de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor era de 2.424, tan solo estarían empadronados 535”.
Las consecuencias de esta superación de la capacidad de carga territorial son evidentes: saturación de los servicios públicos, como estamos bien cada año con el imparable aumento de la ratio de alumnos en las aulas escolares; infraestructuras básicas incapaces de satisfacer la demanda local, caso de la red de agua potable o la eléctrica; indicadores ambientales que ilustran un panorama ambiental desolador; caos urbanístico y tráfico descontrolado; especial virulencia de enfermedades crónicas asociadas a situaciones de hacinamiento urbano (tuberculosis, diabetes, enfermedades mentales,etc..); niveles de desempleo que ponen en riesgo el modelo de convivencia, etc.... Siendo tan claros estos síntomas no se llega a comprender que en Ceuta ni la clase política ni la ciudadanía aborden de frente este problema, como lleva haciendo desde hace décadas la sociedad canaria. Una de dos: o los canarios son unos exagerados, o los ceutíes somos unos insensatos por no reconocer la delicada situación en la que nos encontramos y por aplazar la discusión sobre posibles alternativas a la sobrepoblación en nuestro territorio.
Desde nuestro punto de vista, faltan políticos con “la capacidad de ver más lejos que los otros” como le gustaba recordar Isócrates a los ciudadanos atenienses en sus tratados sobre la política griega. Si contáramos con representantes políticos de este tipo, en vez de engañar a la ciudadanía y a sí mismos con la posibilidad de dar satisfacción a las necesidades básicas de empleo o vivienda en una ciudad desbordada por su exceso de población, deberían dejar al margen la demagogia y constituir un grupo de trabajo, similar al creado en Canarias, para estudiar con rigor y claridad la posibilidad de establecer un límite al crecimiento poblacional y urbanístico de Ceuta.
Una idea nada novedosa, pues ya Aristóteles, en su obra Política, abogada por establecer un lógico límite poblacional: “…La belleza resulta de ordinario de la armonía del número con la extensión; y la perfección para el Estado consistirá necesariamente en reunir una justa extensión y un número conveniente de ciudadanos.
Pero la extensión de los Estados está sometida a ciertos límites, como cualquier otra cosa, como los animales, las plantas, los instrumentos…La justa proporción para el cuerpo político consiste, evidentemente, en que tenga el mayor número posible de ciudadanos que sean capaces de satisfacer las necesidades de su existencia”.