Tras la queja presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Gobierno se ha comprometido a cumplir la recomendación de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sobre la regulación para que las personas con discapacidad intelectual límite puedan acogerse a las medidas de fomento al empleo que les resulten de aplicación . En este sentido, la Secretaría de Estado de Empleo destaca que si la recomendación de la defensora del Pueblo se refiere a personas que no tienen la condición legal de personas con discapacidad, entiende que la problemática y las posibles medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, deben analizarse y desarrollarse a la par que las medidas que se impulsen en el Proyecto de Ley de Promoción de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, previsto en la Ley de Medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral.
También señala que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está trabajando ya conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en este Proyecto de Ley, y tiene previsto llevar a cabo el desarrollo reglamentario al que hace referencia la recomendación en este ámbito, de manera que las personas con discapacidad intelectual límite puedan ver reconocida su situación y acogerse a las medidas de fomento de empleo que les resulte de aplicación.
Así, la Secretaría de Estado reitera su determinación de cumplir con ese mandato, al mismo tiempo que indica que tiene “muy presente” su compromiso con las personas con discapacidad, tal y como se lo traslada al CERMI en las reuniones que han mantenido.
Según incide, este compromiso ha quedado patente en las diferentes actuaciones del Gobierno, como el mantenimiento de las bonificaciones a la contratación indefinida para este colectivo en el proceso de racionalización del sistema de bonificaciones a la contratación llevada a cabo en 2012, algunas de las medidas de la recientemente aprobada Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, o el Convenio Especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad y especiales dificultades de inserción laboral.
