“El Gobierno quiere instaurar una situación de excepcionalidad”

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado las pésimas condiciones que están marcando los intentos de entrada de inmigrantes que intentan llegar por distintos medios a Ceuta o Melilla.

Así lo expone la APDHA en su informe Frontera Sur 2015 que ha sido publicado esta misma semana y en la que se recoge, en cifras, el resultado de esa tragedia humanitaria. Según los datos oficiales a los que hace mención la asociación, un total de 4.868 personas perdieron la vida intentando cruzar diversas fronteras en el mundo a lo largo del año 2014. De ellas el 66% fue en el Mediterráneo, 3.224 personas. Entre los inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo, el 30% provenía de África subsahariana, otro 30% de Oriente Medio y de África del norte, en particular de la República Árabe Siria, del Territorio Palestino Ocupado y de Egipto y el 11% del Cuerno de África. Del 29% de las personas muertas no se conoce la procedencia. La mayoría de ellas, cerca del 75%, muere en la ruta central del Mediterráneo, desde el norte de África (normalmente Libia) hacia Italia o Malta. Una crisis mayúscula a la que se le intentan poner barreras. A esto también hace mención la asociación por cuanto resalta que el Gobierno está tratando de instaurar una situación de excepcionalidad en Ceuta y Melilla “con la pretensión de evitar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto y la garantía de los Derechos Humanos, deparando sucesos como los de El Tarajal, las devoluciones en caliente en Melilla o la prolongación de las detenciones de los inmigrantes llegados a nuestras costas en agosto del año pasado”, expone en su informe. Se refiere la APDHA a la cobertura legal que el Gobierno ha dado a las denominadas devoluciones en caliente, a lo que se oponen las distintas asociaciones así como partidos políticos y juristas. “La intervención de diferentes Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se encuentra la APDHA, ha intentado suplir el escaso interés mostrado por la Fiscalía y la judicatura en la exigencia del cumplimiento de la ley en estos casos. No obstante, los diferentes procedimientos abiertos de exigencia de responsabilidad han deparado la imputación de hasta una treintena de agentes de la Guardia Civil, entre los que se encuentran los respectivos jefes de los operativos correspondientes, lo que entendemos como un paso adelante en la lucha contra la impunidad de las violaciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur”, sentencia la asociación. “En este marco”, denuncia, “el Gobierno pretende legitimar estas situaciones de excepcionalidad con una modificación de la Ley de Extranjería que permita proceder legalmente a las devoluciones en caliente. Sin embargo, tal modificación supone una clara contravención de diferentes Tratados Internacionales de los que España forma parte y es, en sus propios términos, contradictoria”, expone. “Por nuestra parte, la exigencia se mantiene en el respeto escrupuloso de los Derechos Humanos y en la modificación de la perspectiva en el trato a las personas migrantes que tratan de acceder a Ceuta y Melilla y, por supuesto, en la derogación inmediata de la reforma aprobada de la Ley de Extranjería”, añaden. En el Informe 2015 dedican un apartado específico a la judicialización del 6-F y a los últimos pasos judiciales dados.

"La situación en Marruecos es muy precaria"

En el Informe Frontera Sur 2015 se recoge la situación en que se encuentra la población subsahariana, calificada de “precaria” a causa de la “dificultad creciente para pasar a Europa, lo que provoca que muchas de estas personas tengan que permanecer en Marruecos largo tiempo en contra de su voluntad”, explican. “El incremento de personas de origen subsahariano bloqueadas en Marruecos, unido a la creciente pobreza y falta de futuro de los jóvenes marroquíes, está generando situaciones de racismo y enfrentamiento entre subsaharianos y marroquíes, especialmente en barrios periféricos como el de Boukhalef”, añade.