El Gobierno quiere cambiar la ley para contar con terrenos militares

El Gobierno autonómico está haciendo gestiones que para cambie la ley que no permite al Ministerio de Defensa la cesión de terrenos que ya no tienen uso militar a instituciones públicas para la realización de obras de interés general.

Es la respuesta que ofreció ayer el consejero de Fomento y portavoz del ejecutivo, Guillermo Martínez, en relación con la carta que ha remitido un subdirector general del Ministerio de Defensa como respuesta a una propuesta aprobada por unanimidad por parte del pleno de la Asamblea autonómica.
En la jornada de ayer, tanto Caballas como PSOE señalaron que el Partido Popular había recibido un jarro de agua fría por parte de su propio Gobierno, circunstancia que no es compartida por el ejecutivo de Juan Vivas en este punto. Martínez tiene muy claro que la ley la conocían perfectamente y que las gestiones que ellos están realizando es para que se cambie esa legislación, al menos para las ciudades de Ceuta y Melilla, por las especiales circunstancias que se dan en la misma, donde más de un tercio del término municipal.
Hay que recordar que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, se entrevistó con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, hace ya algo más de un mes con el objetivo central de analizar distintas cuestiones, pero entre ellos el tema de los terrenos militares.
Por supuesto, se reconoce que no es un tema fácil, pero donde es imprescindible la voluntad política por parte del Gobierno de la Nación y ahí es donde se apoya más el ejecutivo de Juan Vivas para poder lograr el cambio de la mencionada normativa.
Hay que recordar hoy por hoy que hace unos dos años, se firmó un protocolo entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde se establecía el interés que tenía el Gobierno de Juan Vivas por cuatro terrenos militares. Uno de ellos, el del Brull, se compró por diez millones de euros y tres quedaron pendientes, pero con una crisis acentuada que ha quedado frenado cualquier otro intento. Hablamos, por ejemplo, de los acuartelamientos de Fiscer y Fuentes Pilas, además de la antigua Maestranza de Artillería que era donde se iba a construir la futura Ciudad de la Justicia.

Un acuerdo que se aprobó por unanimidad

El acuerdo plenario que ha provocado la contestación por parte de un subdirector general del Ministerio de Defensa fue propuesto por el grupo Caballas y contó con el beneplácito de todos los grupos que conforman el arco parlamentario de la Asamblea. Como es lógico, nada más que se podía contestar lo que actualmente dice la legislación y es que el departamento ministerial no puede deshacerse de terrenos que ya no tengan uso si no es con algún tipo de contraprestación, como se han hecho todos los acuerdos.

El pleno va a abordar la operación de tesorería de 19 millones

Será un pleno con un orden del día muy corto, en comparación con otros. Así, dentro de los asuntos que presenta el Gobierno autonómico nos encontramos con la operación de tesorería por valor de diecinueve millones de euros como anticipo de lo que se recibirá en unos meses del IPSI. Igualmente, la aprobación definitiva del reglamento de la Mesa General de Negociación y del que establece las condiciones para la realización del curso de buceador profesional de pequeña profundidad, así como las condiciones de realización y el procedimiento para la autorización de cursos, en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Dos mociones presenta la oposición. Por el lado de Caballas es la que solicitan sanciones para quienes haya autorizado gastos sin consignación presupuestaria y los socialistas quieren que colegios profesionales o sectores económicos puedan aportar ideas a la Mesa por la Economía.
Dos interpelaciones de Caballas, la primera sobre distintas cuestiones relacionadas con la barriada del Príncipe Alfonso y la segunda sobre la concesión de créditos a la Ciudad por parte de los bancos.
Y el PSOE presenta tres interpelaciones. Una sobre el tema de los menores en el centro de La Esperanza, otra donde pregunta sobre las razones que llevan a que no se convoquen algunas comisiones creadas y la tercera para preguntar sobre el Plan de Ajuste que se deberá debatir en la sesión plenaria extraordinaria del próximo viernes.