Ante la decisión del Gobierno de Rajoy de privatizar las prisiones, el sindicato Comisiones Obreras se mostró ayer, “como llevamos haciendo desde hace más de un año”, señalaron fuentes sindicales, críticos con tal decisión.
“Es una decisión política que se va a imponer en los próximos meses. La realidad nos ha dado la razón y lo
que empezó convirtiéndose en un proyecto piloto se extenderá a todos los Centros Penitenciarios”, augura CCOO.
Por este motivo, el sindicato ha impulsado la creación de una Plataforma en defensa del modelo Público de IIPP desempeñado por empleadas y empleados públicos: “Detrás de esa decisión política sólo se encuentran intereses espurios que consisten en crear negocio con lo público. El argumento que utiliza el Gobierno de optimizar recursos y ahorrar gastos es irrisorio. No se puede entender que esos 33 millones no se dediquen a generar empleo público, en lugar de crear empleo precario, y de dotar de generosos emolumentos a las empresas de seguridad, si no fuera que los intereses del Gobierno no son precisamente el defender lo público”, consideran los comisionistas.
En este sentido, CCOO señala que “la reciente Ley de vigilancia privada no sólo habilita la privatización de la seguridad exterior, sino que también posibilita la privatización de todas las funciones que se desempeñan en prisiones; de ahí que desde el Ministerio de Interior se esté impulsando una política de deterioro de nuestra institución, dejando sin reponer los efectivos hasta que la falta de personal lo haga insostenible”, finaliza.
