El Gobierno local ha perdido un 40% de poder adquisitivo en doce años

Desde la oposición, a lo largo de todas estas legislaturas, se ha realizado mucha demagogia en torno al capítulo de los sueldos de los integrantes del equipo de gobierno presidido por Juan Vivas y de los altos cargos y personal de confianza que habían sido nombrados. Pero hay un detalle primordial que no por mucho que se haya repetido, quizás no haya quedado claro para la opinión pública de nuestra ciudad en estos años. El dato de por sí ya es importante: los miembros del equipo de gobierno del presidente Vivas, incluido él mismo, han sufrido una pérdida de su poder adquisitivo a lo largo de estos doce años, el tiempo que lleva al frente de los destinos de la Ciudad Autónoma el actual presidente, de un cuarenta por ciento.
Y es que desde que Juan Vivas es presidente de la Ciudad Autónoma, los sueldos de los altos cargos nada más que se han incrementado en dos ocasiones, a mitad de la década pasada y simplemente para actualizarlos con el incremento del IPC. Es decir, y ahí están los datos y los propios Presupuestos de la Ciudad Autónoma para demostrarlo, que los salarios han estado congelados desde el año 2001 en la práctica.
Pero nos tenemos que ir más lejos, más que congelados, porque cuando se produjo el decretazo del gobierno del presidente Zapatero en el año 2010, mientras que a los funcionarios se les rebajaba una media de un cinco por ciento, por decisión propia del presidente Vivas, todos los altos cargos, comenzando por él mismo, vieron sus sueldos bajados en un quince por ciento. Repito, una decisión totalmente voluntaria y unilateral, cuando en otros puntos del país, los cargos públicos aprobaron una bajada bastante menor. En Ceuta, para dar ejemplo, utilizaron el tope máximo que se había aprobado, el quince por ciento. El presidente, los miembros del Consejo de Gobierno, el resto de altos cargos y el personal de confianza tuvieron de golpe y porrazo ese quince por ciento.
Sin embargo, se debe continuar hablando de esos detalles que tanto calan en la opinión pública como la reducción de altos cargos. Todos los presidentes del Partido Popular aprobaron, con anterioridad a las elecciones autonómicas del pasado año, una rebaja en el número de cargos públicos y personal de confianza, y que los Consejos de Gobierno no podrían tener nunca más de diez integrantes. En Ceuta, nada más ganar el Partido Popular los comicios, el Consejo de Gobierno redujo el número de sus integrantes y además, los cargos públicos descendieron en un veinticinco por ciento, así como la masa salarial del personal de confianza en alrededor de un quince.
Y como hubo que seguir realizando recortes y el primer ejemplo debía comenzar por la propia estructura del Gobierno, en el mes de enero cuando se anuncia un ajuste de unos ocho millones de euros, ya se estableció que el ejecutivo iba a prescindir por un lado de un alto cargo y luego de dos miembros dentro del grupo de asesores, circunstancia que se ratificó cuando se aprobó el plan de ajuste a finales de marzo.

La decisión final: se ha pasado del recorte de dos asesores a diez

Es cierto que a lo largo de estos últimos dos meses, los medios de comunicación hemos preguntado en multitud de ocasiones si ya se había puesto nombre a los asesores que iba a ser cesados y se indicó que en las siguientes semanas se conocería, puesto que el equipo de gobierno había iniciado un período de reflexión que podría llevar incluso a un incremento de esa cifra, que al final se ha multiplicado por cinco. Se ha pasado de dos asesores a diez. Por medio ese alto cargo, que era el caso del entonces director general de Protección Civil, Angel Gómez, se produjo, ya que el mismo regresó a petición propia a su puesto de superintendente de la Policía Local. Se ha amortizado ese cargo de director general de Protección Civil. El mismo presidente Vivas decía recientemente que si se debían producir nuevos ajustes, como asi se anunciará en las próximas semanas, se comenzaría dando ejemplo por el propio equipo de gobierno y ya se ha producido ese ejemplo, con una reducción de un sesenta por ciento en el cupo de personal de confianza, lo que supondrá un ahorro de trescientos mil euros anuales.

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