El Gobierno autonómico está convencido de que en las próximas semanas se confirmará su visión de la posibilidad de nombrar por el método de libre designación al interventor y al tesorero, después de la polémica abierta durante los últimos días tanto con la oposición como con determinadas centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento. La tesis que sobre este asunto ha defendido el Ejecutivo presidido por Juan Vivas se centra en que con la nueva ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local que entrará en vigor el próximo 1 de enero, tras ser aprobada por el Congreso y el Senado a lo largo de los últimos meses, a partir de la aceptación de una enmienda presentada de manera conjunta por los diputados de Ceuta y Melilla, Francisco Márquez y Antonio Gutiérrez, respectivamente, los dos gobiernos tienen pleno poder para la autorregulación de su estructura de acuerdo con el Estatuto de Autonomía.
Enmienda
Además en otro de los puntos de esa enmienda que contó con el beneplácito lógicamente del grupo parlamentario popular en ambas Cámaras se indicaba que para nada la Ley de Régimen Local podía ser de aplicación en las dos ciudades. Por esta razón se ha defendido que la publicación del concurso nacional para que ocupen las plazas de interventor y tesorero en determinados ayuntamientos, entre los que se encontraba la Ciudad Autónoma de Ceuta, no será de aplicación a partir del primero de enero.
El Gobierno ha mantenido que ahora mismo los dos funcionarios que vienen ocupando estos puestos están ejecutando sus trabajos con total profesionalidad e independencia del poder político.
A lo largo de las últimas semanas se han mantenido distintos contactos desde la misma Ciudad Autónoma con los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para defender por supuesto esa primera interpretación de las nuevas competencias que la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las entidades locales ofrece a Ceuta y Melilla.
