El Consejo de Ministros ha aprobado en la mañana de este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior, dos reales decretos que determinan los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) de las demarcaciones intercomunitarias de distintos puntos de la geografía española y entre las que también se encuentran Ceuta y Melilla. Estos días, en la ciudad autónoma, ha bajado mucho las temperaturas provocando que Sanidad activara el protocolo de prevención.
El presupuesto total previsto es de 2.235 millones de euros, según el departamento, que detalla que estos planes son una herramienta clave para planificar y reducir el riesgo de inundación en los próximos seis años. Por ello, incluyen medidas que consideran todas las fases del ciclo de gestión del riesgo, prevención, protección, preparación y recuperación.
En su elaboración se ha tenido en cuenta la implicación de todas las administraciones y de la sociedad. Los PGRI profundizan especialmente en el estudio del impacto del cambio climático para prepararse a sus peores impactos, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética..
Por otro lado, la mejora de la conciencia pública en la preparación ante las inundaciones, el incremento de la percepción del riesgo y la adopción de estrategias de autoprotección, son esenciales para poder aplicar con éxito los planes.
Por ello, una de las medidas más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una estrategia nacional de comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático.
Así, los PGRI suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación, e incluyen el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia y la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales más severamente afectados a través de reales decretos de ayudas como los aprobados para diversos municipios del Campo de Cartagena (Real Decreto 1158/2020), el tramo medio del Ebro y afluentes (Real Decreto 731/2022) y la vega baja del río Segura (Real Decreto 786/2022).
En este segundo ciclo está prevista la implantación de dos herramientas que contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (Ley 17/2015) con el objeto de interconectar todos los datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces ante la emergencia entre las Administraciones Públicas competentes, y la Red de Alerta Nacional.
A través de este sistema se realizará la comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil y de las alertas meteorológicas e hidrológicas para que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza.
Los PGRI prevén también una inversión de más de 100 millones de euros para la modernización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición y el desarrollo de herramientas informáticas para la ayuda a la decisión en situación de avenidas.
En los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación también se potencia la ejecución de medidas que incrementen el espacio fluvial, recuperación de hábitats, creación de llanuras de inundación y retranqueo o eliminación de obras de protección obsoletas o con poca funcionalidad, todo ello en coordinación con la planificación hidrológica y la protección de los hábitats y especies.
En concreto, se prevé la ejecución de más de 100 nuevos proyectos con un importe de aproximadamente de 570 millones de euros, que supone un 30% de la inversión.
Al mismo tiempo también se incluye la ejecución de actuaciones estructurales que reducen la peligrosidad de formas puntual en zonas generalmente urbanas o que tienen impacto sobre infraestructuras que afectan a la seguridad de las personas, combinadas con otras actuaciones de gestión y avaladas por estudios de coste-beneficio que justifican la viabilidad de la alternativa seleccionada.
Por su parte, también, está prevista la ejecución, en una primera fase de actuaciones prioritarias que cuentan ya con estudios de coste beneficio favorables publicados en estos planes, a las que se irán sumando las actuaciones que se vayan analizando y desarrollando durante este ciclo, con un total de inversión estimado en unos 600 millones de euros.
La inversión prevista en el segundo ciclo en los planes que hoy se aprueban es de más de 2.100 millones de euros para las demarcaciones intercomunitarias, a los que hay que sumar los 109 previstos en el plan de la demarcación de Galicia Costa, lo que significa un incremento de más del doble respecto al presupuesto de los planes de primer ciclo.
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