El Gobierno, a través de la consejera de Fomento, Susana Román, anunció ayer que tiene cerrada con la empresa Acciona Infraestructuras una serie de obras en las viviendas de Monte Hacho, sin ningún coste para la ciudad, y que supondrán cambios en las zonas comunes de las ochenta y seis casas que están construidas en esta promoción.
En relación con la moción de urgencia presentada por Caballas, basándose en un informe realizado por un arquitecto técnico de Emvicesa que denuncia una serie de irregularidades efectuadas en esta obra, con rebaja en las calidades del material utilizado y también unidades de obra que no se han ejecutado, la consejera aludió a que “desde este ejecutivo no se estafa a nadie”, acusando a Juan Luis Aróstegui de que no quería discutir políticamente, “sino realizar su propia campaña electoral”.
Trabajando
Negó que desde que se aprobó la moción hace un año en el pleno hayan estado con los brazos cruzados. Determinó que durante los meses de octubre y noviembre se habían estado realizado algunas pequeñas obras y que a lo largo de este tiempo se habían mantenido varias negociaciones con la empresa constructora y que la prueba de que la Ciudad no está tranquila con esta situación es que no ha firmado nunca el acta de recepción de las obras.
Comentó ese principio de acuerdo con Acciona para la realización de una serie de reformas. Cuando las mismas se terminen, entonces será los técnicos de uno y otro lado los que se sentarán para analizar el contenido del informe efectuado por el arquitecto técnico y si se deben continuar con los arreglos de los desperfectos se descontará del aval de medio millón de euros que reclama la empresa constructora.
Además avanzó de que no se casaba con nadie y que había llegado a ejecutar los avales a varias empresas que habían realizado trabajos en nuestra ciudad porque las obras no se ajustaban a lo convenido.
En su intervención, Aróstegui aludió a que hacía quince meses que Caballas llevó una moción para que se exigiera el aval de Acciona y que con ese dinero se arreglaran todas las deficiencias, contando con el apoyo del equipo de gobierno, “pero ha pasado el tiempo y no han hecho nada”.
Interpelación
Contó que pensaban llevar una interpelación sobre este particular cuando encontraron el informe del arquitecto técnico “y gran parte de esas denuncias son las causas de las deficiencias que se ven en las viviendas. Es del mes de noviembre y nadie ha hecho nada, porque lo tenían guardado en un cajón. No entiendo porque no se piden responsabilidades”. Amenazó de que a ellos les gusta debatir los asuntos desde el plano político, pero que si no les dejaban otro camino, acudirían al Juzgado.
Criticó que los vecinos llevan cuatro años esperando a que por parte de la Ciudad Autónoma se tomen las medidas adecuadas que permitan olvidarse del calvario por el que están pasando desde su ocuparon las citadas viviendas.
En su última intervención, Susana Román, le dio la razón a Aróstegui de que no era normal todo lo que estaba sucediendo desde el primer momento, pero está muy claro que “los procedimientos son lentos y hay que dar los pasos adecuados”.
Defendió la labor que había realizado la Ciudad Autónoma en este caso, ya que no era una obra adjudicada por el Gobierno, sino que su responsabilidad no se producía hasta que debía firmar el acta de recepción de la misma y entonces se realizan las comprobaciones de rigor por parte de los técnicos de Emvicesa “y es ahí donde se muestra la disconformidad y no se devuelve el aval a la empresa constructora desde hace mucho tiempo”.
