Desarrollar una política social por parte de las autoridades públicas, basada en la equidad e igualdad de oportunidades es crucial, necesario y posible. Sin embargo, es desolador y deprimente hacer referencia a la gestión actual en esta materia, por parte de quienes gobiernan.
Tener que aludir, justificar y argumentar el por qué de la necesidad de su ejecución y realización, es realmente inquietante y preocupante.
El hecho de que los poderes públicos que nos gobiernan y han de velar por el interés y salvaguarda de cada uno y una de nosotros y nosotras como ciudadanía, desconozcan cuál es el impacto y la magnitud real de lo que supone y consiste un estado de bienestar y la necesidad de financiación pública para un sistema de protección social, de calidad y de justicia, es como mínimo insólito.
Discutir sobre el incremento y la cuantía destinada, manipulando datos y no hacer mención ni aludir a la desigualdad, las carencias y exclusión social por las que atraviesa cerca del cuarenta y siete por ciento de la población ceutí, que viven bajo el umbral de la pobreza y la privación material es una actitud irresponsable y desleal por parte de quienes resguardan nuestros intereses (aunque tergiversar información y “recortar” calidad es seña de identidad del gobierno y de su partido político)
¿Cómo no se van a incrementar las partidas económicas de protección social si el número de familias vulnerables y el número de personas en situación o riesgo de exclusión social se agudiza considerablemente (estamos hablando de alrededor del 50% de la población ceutí, con dificultades colosales)?
¿Cómo no se va a intervenir con la población infantil ceutí, si el porcentaje de pobreza afecta al alarmante porcentaje del 54% de niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza?
¿Cómo no se va a actuar y a dar relevancia e importancia a todas estas circunstancias? ¿Cómo no se va a llevar a cabo una implicación efectiva, activa y global por parte del gobierno?
Lo malo es que no sea una de las prioridades. Evidentemente, es incomprensible que el gobierno intente justificar “ese gasto” (a no ser que pretendan reconocimientos y agradecimientos y otras “medallas de solidaridad”), pues una gestión productiva es responsable y acorde a la situación y circunstancias por las que padece su ciudadanía.
Es irresponsable e incoherente por parte de las autoridades públicas aseverar y ratificar bienestar y compromiso y dejar a la vez vislumbrar y distinguir nuevamente entre ciudadanos/as de primera, segunda, tercera o nula categoría.
Deberían saber llevar a cabo una gestión optimizadora y eficiente que promueva y desarrolle todos los mecanismos y recursos necesarios para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Para garantizar una protección social, eficiente, efectiva y comprometida, basada en la igualdad de oportunidades y no en la desorganización, descoordinación e insuficiencia en las respuestas de calidad e intervención.
La desigualdad, marginación, discriminación y exclusión social están incrementándose a un ritmo vertiginoso y, mientras, las respuestas del gobierno son las de “somos de derechas y hemos triplicado el gasto en atención social” (contemplada tristemente como gasto y no como una inversión de bienestar futuro, actitudes que vulneras aún más a los vulnerables).
La financiación y las cuantías destinadas a solventar las necesidades sociales y a contemplar la configuración y disposición de los Servicios Sociales, son parte esencial de sistema público organizado y fundamentado constitucionalmente, como es el estado de bienestar, que pretende satisfacer y atender a toda su ciudadanía. Sin embargo, las intervenciones diseñadas por el gobierno, para paliar y erradicar la exclusión social, cercenan y ponen en compromiso la igualdad de oportunidades y universalidad en la funcionalidad de la red pública de protección social (la universalidad es un principio básico en cualquier actuación social eficiente, sin embargo hay quienes la confunden con galaxias y satélites).
De modo que, atendiendo al marco Constitucional, como máxima norma política y jurídica, la protección social por parte de las autoridades públicas pertinentes se conciben como acciones de derecho y bajo ningún concepto como actividades benéficas o de caridad de antaño. La red pública de protección ha evolucionado y el gobierno debe de adaptase y dar cabida a los nuevos retos y demandas, siempre bajo un enfoque inclusivo y eficiente.
Sin embargo, gestionar adecuadamente la red de protección de atención a los colectivos más vulnerables sigue siendo desarrollada por el gobierno de Ceuta como una opción de caridad y no como la prioridad que verdaderamente es.
La realidad no debe de ser desvirtuada por quienes han de velar por los intereses de su ciudadanía y efectivamente promover más intervenciones, en aras de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, es un esfuerzo y compromiso de todos y todas, con especial hincapié de la administración pública.
Todos y todas en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, podemos recurrir en un determinado espacio de tiempo (en mayor o menor intensidad) a la protección social. Por ello, resulta paradójico e inadmisible que se estigmatice a quienes por necesidad y precariedad se beneficien de la protección social de carácter obligatorio con medidas asistencialistas tal y como reivindica el gobierno
