El Ministerio Fiscal ya ha calificado los hechos denunciados por unos jóvenes que acusaban a la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local de haberles agredido y ha solicitado penas de hasta seis años de cárcel para ellos.
Este caso, que comenzó hace más de dos años, ha tenido un devenir complicado por la ristra de declaraciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y por las tensiones que se han creado alrededor del mismo. Las familias de los presuntos afectados han venido reclamando justicia y denunciando públicamente unas supuestas persecuciones hacia los jóvenes, mientras que por el otro lado se ha producido un silencio administrativo que ha terminado por agotar la paciencia de las familias implicadas. Este hecho llegó hasta el Defensor del Pueblo, quien llegó a enviar hasta dos cartas al Gobierno ceutí para que atendiera las peticiones de los familiares de los jóvenes y en las que formulaba “la sugerencia” a la Ciudad de que se procediera “a dictar resolución expresa a las solicitudes formuladas por el interesado, de fecha 24 de noviembre de 2008 y 11 de mayo de 2009, así como a acordar, en su caso, la incoación del correspondiente expediente disciplinario, a la vista de la existencia de la denuncia judicial formulada por el perjudicado y de la existencia de las lesiones sufridas y denunciadas en su momento mediante la aportación del correspondiente parte médico”.
En relación con las circunstancias que ahora se tendrán que juzgar, el relato de hechos del Fiscal da por probado que a las 6.15 horas del día 26 de octubre del 2008, en el Poblado Marinero y, concretamente, a la salida de pub Kamelot, un joven se enzarzó en una pelea con otro grupo de personas. Que agentes de la UIR que estaban en el lugar, identificados y perfectamente uniformados, intervino en el enfrentamiento separando a las personas y que entonces el joven habría propinado un puñetazo a uno de los policías. El escrito añade literalmente que los agentes “en represalia y con ánimo de atentar contra la integridad física” del joven se “extralimitaron” de sus funcione y le agredieron conjuntamente, golpeándole y reteniéndole en el suelo y llegando a pisarle el cuello con las botas. Igualmente, el Fiscal recoge que la UIR también golpeó a un amigo del joven.
La consecuencia de estos hechos fue que el agente de la Policía Local agredido presentó una contusión en el mentón, que el primero de los jóvenes sufrió la rotura de la nariz y ansiedad, y que el segundo joven padeció una tendinitis, contusión torácica, contusión en la nariz y ansiedad.
El Ministerio Público acusa, por tanto, a tres agentes de la UIR y al primero de los jóvenes. Para dos de los policías solicita la imposición de dos delitos de lesiones por los que pide cuatro años de prisión y la inhabilitación por el tiempo de la condena. Para el tercer agente, que tiene antecedentes penales por lesiones, el Fiscal pide seis años de cárcel y también la inhabilitación por otros dos delitos de lesiones. Por contra, el joven acusado se enfrentará a la imposición de tres años de prisión, por un delito de atentado, y al pago de una multa de 60 euros por una falta de lesiones.
El caso se encuentra ahora mismo pendiente de que el tribunal de la Audiencia Provincial lo juzgue, ya que dada la entidad de las peticiones y los hechos es de su total competencia.
Detalles:
octubre 2008 Dos años de espera para un juicio
Las familias de los jóvenes presuntamente agredidos y los policías de las UIR llevan desde octubre del año 2008 esperando para la celebración del juicio. Los hechos que se juzgarán se basan en una intervención de la Policía Local en el Poblado Marinero que terminó con un agente golpeado, un joven con la nariz rota y otro joven con contusiones de diversa consideración por todo el cuerpo.
inhabilitación Posible castigo para los agentes
Aunque de los jóvenes se enfrenta a tres años de prisión, la peor parte se la llevarían los tres agentes acusados si se dictara una sentencia condenatoria, ya que además de las penas solicitadas en su contra -de hasta seis años para uno de ellos- el Fiscal pide la inhabilitación, lo que supondría que dejarían de ser agentes de la Policía Local. Esto sería, como mínimo, durante el tiempo de la condena.
silencio Queja en el Defensor del Pueblo
Las familias de los jóvenes presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo por el silencio administrativo al que estaban siendo sometidos por parte de la Ciudad. Ellos solicitaron al Gobierno local que se tomaran una serie de medidas contra uno de los agentes y desde el Ejecutivo no se respondió nada. El Defensor intercedió enviando una carta a la Ciudad en la que se le instaba a que abriera un expediente disciplinario al agentes ante la denuncia y las lesiones de los jóvenes.
