El Gobierno de Rajoy anunció esta semana que va a reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los vocales que corresponden a jueces y magistrados dejen de ser elegidos por el Parlamento y pasen a ser designados por miembros del poder judicial, como antes de la reforma de 1985.
Al contrario de lo que ha dicho el PP, esta forma de elección de los jueces es menos democrática. De entrada, pretende retornar al pasado, romper los consensos básicos de la estructura judicial y el llamado “Pacto de Estado para la reforma de la justicia” que firmaron, durante el Gobierno de Aznar, PP y PSOE, el 28 de mayo de 2001, y que actualmente rige este proceso.
La Constitución establece que la soberanía emana del pueblo, y ello es aplicable, como ha venido siendo desde su aprobación en 1978, a los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En otras palabras, la soberanía popular reside en el Parlamento y no en un colectivo profesional determinado por respetable que sea.
El ministro Gallardón ha afirmado además que la medida evitará situaciones de bloqueo en la elección de los magistrados. Un argumento que no se sostiene, porque la renovación de sus miembros sólo ha estado bloqueada cuando el PP ha estado en la oposición. Así lo ha hecho durante las dos últimas legislaturas en las que gobernaba el PSOE.
Y también lo hizo en 1995, cuando impidió durante 9 meses renovar el CGPJ, situación que se mantuvo hasta julio de 1996, con el PP ya en el Gobierno. Lo cual demuestra que el único partido que ha llevado la lucha partidista a la elección del CGPJ ha sido el Partido Popular.
Además, el actual sistema de elección no atenta contra la independencia judicial. Debe recordarse que el CGPJ no es un Tribunal ni juzga ningún tipo de causa, sino que es el órgano de gobierno de los jueces y tiene, por tanto, un carácter político.
La reforma hará más corporativo el Consejo y no es bueno que la política judicial de un país la hagan los jueces, en detrimento del poder soberano que reside en el Parlamento. No olvidemos que el poder judicial es de los ciudadanos, no es de los jueces. Si los médicos no hacen la política sanitaria o los profesores la educativa, los jueces no deberían desarrollar la política judicial de un país.
Con todo esto el PP trata de enmascarar sus intenciones, dice que busca “despolitizar” el CGPJ, cuando su verdadera intención es justo la contraria, tener el control del órgano de gobierno de los jueces, a través de las organizaciones conservadoras que dominan el mundo judicial.
Rajoy y su Gobierno han comenzado su andadura con mal pie, pide diálogo y consenso a la oposición y, sin embargo, actúa a golpe de imposición, saltándose los consensos en materias que siempre han sido acordadas con el principal partido de la oposición.
