El fin de ‘La Esperanza’

Con el traslado forzado de los MENA al albergue de Hadú, la Ciudad ha puesto el punto y final a trece años de historia en el centro del Hacho. Una historia con algunos episodios más oscuros que otros. Una historia que ha sido protagonizada por unos 12.000 niños.

Esa es la cifra de menores que la propia Ciudad Autónoma estima que ha pasado por esta vieja casa militar. Del centro ‘La Esperanza’ -antiguo ‘San Antonio’- han salido brillantes estudiantes que ejercen ya su profesión en la península, deportistas destacados (el campeón de atletismo Marhum es, quizá, el más popular) pero también jóvenes que desviaron su camino a pesar de haber encontrado una mano en la oenegé ‘Mensajeros de la Paz’ y otros de los que nunca más se ha sabido.
Ahora la Ciudad pone el punto y final. En ‘La Esperanza’ no queda nada. Ayer una furgoneta matrícula de Marruecos llegaba al centro buscando chatarra e intentando hacerse con alguno de los enseres a los que puedan sacar utilidad, a sabiendas de que, en horas, se dará orden de derribo de los barracones para evitar su ocupación. La Ciudad había dado orden de vigilancia durante el fin de semana, labor ésta encargada a dos empleados de Amgevicesa. No obstante, la orden dada, al parecer, por un responsable del Parque Móvil, provocó lo inaudito: que se permitiera la entrada de marroquíes para cortar las chapas y llevarse un hierro que en Marruecos es oro. Con furgoneta incluida, accedían al centro, y comenzaban a desvalijarlo. No se sabe si pagando o no por ello, aunque dichas actuaciones son perseguidas, constantemente, por áreas como la de Dotación y Servicios por el daño que generan en el mobiliario urbano, al robar tapas de alcantarillas o de alumbrado, por ejemplo. Se daba así la estocada final, a camino entre la anécdota y lo propio de ‘república bananera’, al cierre final del centro.
Para entender la importancia del paso dado por la institución municipal hay que retrotraerse al año 1996. Eran años complicados, se avecinaba una inmigración infantil para la que Ceuta no estaba preparada. Políticamente había cambios en la Presidencia de la Ciudad como consecuencia de la dimisión de Basilio Fernández, quien era jefe del Ejecutivo en virtud de un pacto entre su partido Progreso y Futuro de Ceuta, Ceuta Unida y PSOE. La dimisión de Basilio llevó al gobierno a Jesús Fortes del Partido Popular al sillón presidencial. Los menores empezaban a aparecer en la ciudad, no existía centro alguno de acogida, eran los años duros del ‘pegamento’, con niños que se escondían en contenedores en un periodo de descontrol absoluto.
Una de las medidas que ordenó Fortes al poco tiempo de llegar a la Presidencia fue la devolución a Marruecos tanto de mendigos como de los menores que deambulaban por las calles. La Policía Local se encargaba de la devolución de estos menores hasta el puesto fronterizo del Tarajal y de su entrega a la Policía Nacional para que a su vez dispusieran su devolución a sus familias en Marruecos. Esa era la norma, pero en la práctica resultaba harto complicado, por no decir imposible, que esos menores terminaran en manos de sus propios padres cuando eran éstos los que les habían alentado a marchar a Ceuta. Distintas recomendaciones que llegaron al poco tiempo hizo variar la fórmula de traslado a la frontera, pero no la expulsión de los mismos. ¿En qué consistió el cambio? Se alquilaba un furgón propiedad de Cruz Roja y la Policía Local los conducía hasta allí. Así se hizo durante años, hasta que la propia Fiscalía dio el toque de atención.
La expulsión de estos menores no se entendía como legal, no se podía seguir por ese camino ya que correspondía al Gobierno autonómico la responsabilidad de la custodia de los mismos, de acuerdo con las competencias asumidas en base al Estatuto de Autonomía. Se ordenaba que los menores debían ser atendidos por el propio Ayuntamiento de nuestra ciudad. Esa era la ley y había que cumplirla.
Tres policías locales se lanzaron, sin paracaídas, contra las irregularidades que se estaban produciendo y denunciaron esas expulsiones ante la justicia. Recibieron, en su contra, el castigo indirecto de la administración que  intentó cansarlos, hacerlos desistir por denunciar la verdad con vistas a parar un camino que no era el adecuado ni el legal. La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta sentó en el banquillo al ex delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, y al ex consejero de Presidencia del Gobierno ceutí Antonio Francia, que terminaron absueltos.
La sentencia de la época reconocía que las expulsiones se llevaban a cabo con un procedimiento “cuando menos irregular” pero indicó que los acusados se encontraron con esas irregularidades cuando tomaron posesión de sus cargos, en 1998.
Llegaba el GIL, que publicitaba en su programa electoral terminar con la delincuencia en Ceuta. La gente se entregaba a las promesas de los gilistas en un momento en el que la rotura de cristales de los coches estaba a la orden del día, mientras se apuntaba a la implicación de los niños en este asunto.
En la práctica no había tiempo de reacción y se necesitaba de la noche a la mañana encontrar un edificio que sirviera para que los MENA pudieran ser atendidos de la mejor manera posible. Los técnicos municipales indicaron que el mejor lugar para crear un centro para los menores no acompañados era el antiguo acuartelamiento de la Compañía de Mar que estaba situado justo al lado del entonces campo de deportes del 54, hoy estadio ‘José Martínez Pirri’. Era el acuartelamiento que estaba situado justo donde hoy se ubica la sede de la Subdirección General de Empleo y los estudios de Radiotelevisión Española en Ceuta.
Era el lugar adecuado, pero la Ciudad se topó con unas instalaciones abandonadas y en unas condiciones deplorables. Por aquel entonces había dinero, pero no tiempo. Se ordenaba de manera urgente la recogida de los menores de las calles, la Ciudad tenía que cumplir con su obligación ante la presión no sólo de Fiscalía de Menores sino también ante las denuncias de oenegés y del propio Defensor del Pueblo.
Ceuta comenzó atendiendo a no más de una treintena de menores extranjeros no acompañados y ha experimentado picos de hasta 160.
Descartado el antiguo acuartelamiento de la Compañía de Mar, la Ciudad se puso en contacto con el entonces comandante general de Ceuta, Gonzalo Rodríguez de Austria, abriéndose la posibilidad de contar con la antigua residencia de verano del comandante general, justo a las espaldas de la ermita de San Antonio. Los conocidos entonces como los ‘naranjitos’, la brigada de obras del Ayuntamiento, con Fernando Miaja a la cabeza, fueron enviados con urgencia y procedieron a realizar una limpieza a fondo así como ordenaron las obras más urgentes como la colocación de una puerta a la entrada del chalé de verano del comandante general. Por parte de la misma Comandancia se entregaron literas que sirvieron para poder alojar a los menores no acompañados.
Otro segundo problema que no quedó más remedio que solucionar en poco tiempo fue la contratación del personal adecuado para hacerse cargo de la responsabilidad de estos menores, dado que por entonces el Área no contaba con suficiente personal para cumplir con estos cometidos. Un problema, el del déficit, que todavía hoy se arrastra.
Así comenzó la andadura del centro ‘San Antonio’, transformado hoy en ‘La Esperanza’. La adaptación del vecindario del Hacho ha sido complicada, porque la Ciudad tardó en controlar lo que allí sucedía. La historia de este centro deja atrás manifestaciones de los vecinos, hartos de sufrir robos y acosos por parte de los residentes. A base de golpes la Ciudad tuvo que ir mejorando la atención, garantizando los controles para conseguir que, pasado el tiempo, todo se medio normalizara.

La historia del centro

Se echa el cierre al centro de menores y se pone el punto y final a un lugar que tiene su historia. El cronista oficial, José Luis Gómez Barceló, es el encargado de desmenuzarla. La ermita de San Antonio está edificada sobre la base de una construcción medieval. Sabemos, dice Barceló, de su existencia desde al menos comienzos del siglo XVI. En el siglo XVII era lugar de retiro, teniendo construcciones anexas. En 1721 el obispo Tomás Crespo Agüero reedificó la ermita y construyó una hospedería anexa como palacio de verano de los obispos. Sin embargo, no contó con el beneplácito de las autoridades militares que, como gestores del patronato regio al que pertenecía la ermita, pleitearon contra él. Durante el episcopado de Felipe Antonio Solano (1774-1778) la justicia dio la razón al gobierno militar de la Plaza, y la Comandancia General pasó a tener la posesión de todo el complejo y el privilegio de nombrar capellanes. A finales del siglo XVIII se separaron las habitaciones del capellán y desde comienzos del siglo XX la Iglesia se hizo cargo de la ermita y habitaciones anexas, convirtiéndose el edificio trasero en residencia de verano de los comandantes generales. Eso era la actual ‘La Esperanza’. Cuando en 1984 el Palacio de Otero se convierte en residencia habitual de los comandantes generales, deja de tener función, cayendo en un estado importante de abandono. Con la nueva reglamentación de menores del año 2000 hubo que buscar un lugar para instalar un centro de menores, ofreciéndose este edificio por la Comandancia General, con acuerdo del Obispado, al que había sido ya transferido. Para ello se hicieron obras de acondicionamiento, entre ellas, las más importantes las proyectadas en 2002 y realizadas al año siguiente.

Desde el poder judicial, contentos con la decisión

Es mucho lo que ha peleado la Fiscalía de Menores para conseguir, primero, la acogida de los MENA y, segundo, que la misma se llevara a cabo en condiciones óptimas. Ahora, tras el traslado de los alrededor de 90 menores al albergue de Hadú, desde el poder judicial se muestra el contento por la resolución del problema. Se es consciente del esfuerzo económico que supone para la Ciudad esta decisión; una salida que era “inevitable en atención a las condiciones en que se encontraba el anterior centro”, señalan fuentes judiciales. Ahora se espera que los MENA sean responsables en el cuidado del albergue, en el respeto a esas instalaciones, colaborando con su mantenimiento hasta que se acuerde el traslado definitivo al nuevo centro de Calamocarro.