Cada fin de año proliferan los discursos de presidentes autonómicos a semejanza del que el Rey pronuncia a la nación, mostrándose con tanto boato y tronío como inversamente proporcional es luego la escasa atención que el pueblo les presta, sobre todo, debido a la falta de probidad y al mal ejemplo que dan muchos políticos con la corrupción. A ella, ni siquiera se han referido algunos presidentes, entre ellos, Artur Mas en Cataluña el mismo día que su padrino y mentor, Jordi Pujol y familia, eran citados a declarar como presuntos cabecillas de una organización de blanqueo de dinero. ¿Dónde esconde ahora el ya casi ex president su slogan del “España nos roba”?. No hay cosa que produzca mayor hartazgo y desafección en los ciudadanos honestos que la vergüenza de ver que cada vez más políticos se llevan el dinero público o lo dilapidan, en lugar de destinarlo a su finalidad legal de resolver los verdaderos problemas del pueblo. Ahora está la moda, caprichosa y sectaria, de cambiar el nombre de calles en Madrid y otras ciudades donde la izquierda opositora pactó con la más radical y hasta con algunos separatistas con tal de acaparar y repartirse los sillones, pese a que en campaña prometieron que nunca gobernarían juntos. Y digo “sectaria”, porque ¿cambiará la alcaldesa Carmena el nombre de la calle Santiago Carrillo por el de Mártires de Paracuellos del Jarama? Y en Barcelona, ¿pondrá la alcaldesa Colau, en el pedestal del que retiró el busto del rey de España, la efigie de Jordi Pujol, si eso es lo que entiende que más les representa? Sólo cada placa de calle cambiada cuesta 54 euros. ¿A cuántos pobres más que pasan hambre se les podría dar de comer con el dinero sumado de tantas calles? Los políticos son felicísimos malgastando el dinero que no es suyo y que luego pagan los sufridos contribuyentes a los que para este año 2016 ya han anunciado nuevos tributos esas autonomías y ayuntamientos que han pactado con radicales y separatistas pensando en sí mismos.
De todos los discursos autonómicos, el que más risa produce es el de Mas, que sigue el hombre erre que erre, con más moral que el Alcoyano y sin “apearse del burro” (como diría un castizo) hasta que la CUP lo ha descabalgado tras haber hecho tantas veces el ridículo con tantas charlotadas plebiscitarias, haber dejado a Cataluña desgobernada, en bancarrota y a los catalanes en el más bajo nivel de pobreza allí conocido, además de haber tirado por los suelos la dignidad de la Generalitat y el buen nombre de tantos catalanes laboriosos y serios, más el descrédito en que ha sumido a su pueblo con la serie de fiascos, esperpentos y demás patochadas que ha protagonizado, haciendo el hazmerreír de todos y cayendo en el patético deshonor de tanto mendigar a la CUP su investidura, para que al final unos cuantos radicales antisitema lo hayan arrodillado y hayan ellos decidido llevar a Cataluña y ocho millones de catalanes a las cuartas elecciones en cinco años; todo por la ciega ambición de seguir encaramado al sillón. Un ‘cupero’ de la CUP, Xavier Monge, ha dimitido tras escribir en twitter que: “El proceso soberanista es el mayor fraude de la política catalana”. Hasta ellos mismos reconocen ya el tremendo fraude a que están sometiendo a Cataluña y su pueblo. ¿Todavía no acaban de caer en la cuenta tantos catalanes honestos?
Para Mas, lo que sí tuvo en su discurso una importancia trascendental fue poder él seguir incitando a la secesión, con ese énfasis y gesto pontifical que pone llamando a todos los catalanes, ‘urbi et orbi’, como si él fuera su divino redentor, no sólo a proclamar lo que él llama “derecho soberano de Cataluña a decidir como nación” sino también el “deber de los catalanes de decidir”. Pues no, señor president; no sabe ni lo que dice, porque Cataluña no es ni nación, ni soberana, ni tiene derecho ni deber de decidir, como tampoco existe para el Derecho Internacional ni tal sujeto de Derecho ni derecho a decidir alguno. Todo eso es falso y una burda invención, como todas las torpes y esperpénticas invenciones que el secesionismo ha urdido sobre la historia de Cataluña, pero que por mucho que se empeñen a nadie hacen ya creer, como que existieron la Casa Real Catalana, Países Catalanes, un soñado Imperio Catalán, ‘embajadas’ catalanas, o el ‘sursuncordam’. Todo eso es pura falacia y una real mentira. La mayoría de las demás regiones españolas sí que llegaron a estar constituidas en reinos en el Medievo, que es lo que a Mas y sus separatistas más les acompleja; pero ni uno solo de tales antiguos reinos hoy nada reivindica, ni reclama, ni protesta. Sólo Cataluña y el País Vasco, que jamás pasaron de ser un condado y unos señoríos.
Veamos cómo urdieron los separatistas catalanes y vascos su falso invento del ‘derecho a decidir’. Comenzaron pidiendo el ‘derecho de autodeterminación’, que ni siquiera sabían en qué consistía; porque está recogido en el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas, con el propósito de fomentar la “libre determinación de los pueblos”. Pero hasta el jurista más inexperto sabe que esa libre determinación no se refiere a los territorios que ya forman parte y están integrados en un Estado democrático, sino a los “pueblos coloniales” o territorios no autónomos que en la década de los años 1960-70 aún permanecían colonizados. Tanto dicha Carta como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos expresan muy claro lo que interesadamente los separatistas callan; es decir, que: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito, y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Esos dos textos internacionales prohíben expresamente a los Estados “cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país”. Y así se recoge también en las resoluciones descolonizadoras de las Naciones Unidas de 14-12-1960, en la 1514 de la XV Asamblea y en la XXV, en la sentencia del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya de 7-12-1927, en la doctrina de la Convención Panamericana de 20-02-1928, y en parecidos términos en los Tratados de la Unión Europea.
Alguien debió advertirles a los separatistas de la enorme aberración jurídica en que incurrían al pedir la “autodeterminación”. Y entonces fue cuando le cambiaron el nombre por otro supuesto derecho por ellos inventado, llamándole ‘derecho a decidir’, pero sin saber tampoco lo que significa. Por eso hay que aclararles que el ‘derecho a decidir’ no existe para las regiones y tampoco está en el mundo jurídico del Derecho Internacional, sino que sólo es una especie de sucedáneo inventado por el independentismo para esconder su verdadero propósito, que no es otro que forzar su separación de España. Y no existe el derecho a decidir, por varias razones: porque no forma parte de los derechos considerados naturales y no le son de aplicación los tres supuestos universales reconocidos por la ONU como ‘derecho de autodeterminación’: situación colonial, ocupación militar y apartheid; tampoco es recogido en la Constitución de 1978, aunque sí fue debatido y ampliamente rechazado por el Congreso. No estamos, por ello, en presencia de un derecho que ampare la posibilidad de la secesión, sino ante una mera reivindicación política o un iluso sueño por ellos inventado.
Además, los separatistas presenten el falso ‘derecho a decidir’ bajo el subterfugio de un doble engaño. El primero, porque para poder decidir lo primero que en Derecho se exige es tener la “capacidad de decisión” del que vaya a decidir y según lo que vaya a decidir. Y jurídicamente, sólo se dispone de esa capacidad en función de si se tiene competencia legal para hacerlo; y no se tiene cuando la decisión que se pretende adoptar afecta a otros o trasciende las propias competencias. Ejemplo: un enajenado mental incapacitado carece de capacidad de decidir, debiendo decidir por él el juez, el fiscal o su tutor, según los casos. Y en el ordenamiento constitucional español, el engaño de ese supuesto derecho a decidir se topa de frente con dos muros infranqueables: la Constitución y el Derecho Internacional, que ambos lo prohíben terminantemente. La primera, porque recoge la unidad indisoluble de la nación española, residenciando la soberanía nacional en todo el pueblo español; o sea, ninguna región o comunidad autónoma puede decidir por sí sola en una votación para declararse independiente, y menos habiendo sido incapacitada para ello por el Tribunal Constitucional, que se lo ha dicho ya en bastantes sentencias alto y claro, porque ésa es una competencia que corresponde ejercerla a todo el pueblo español, de manera que sólo una parte de él no puede decidir por el conjunto de todos los españoles. La soberanía ni es divisible ni se puede trocear.
Para que una autonomía se pudiera independizar de España, se tendrían primero que cambiar la Constitución, que la modificación que se introdujera permitiera la secesión, que esa secesión fuera aprobada por las Cortes Españolas y que todo el pueblo español también la aprobara en un referéndum nacional. Pero, ojo, que aquí puede estar agazapado el segundo engaño; porque incluso algunos partidos lo llevan en sus programas cuando pretenden introducir en la Constitución el ‘federalismo’ asimétrico, para que en el sistema pueda encajar Cataluña.Y eso sería tanto como situar a España ante las mismas puertas de la independencia de cualquier región, como ya sucedió en las dos Repúblicas. Y eso es así, porque una federación o confederación está formada por varios Estados-miembros, que ya de por sí cada uno es Estado.
Y aquí el Derecho Internacional sí admite que algún o algunos Estados-miembros puedan separarse; como sucedió con Montenegro, con las antiguas Repúblicas Soviéticas de la vieja URSS, y también ha podido ocurrir con Escocia, si lo hubiera aprobado en el referéndum que celebró; cuyo sistema han invocado Cataluña y el País Vasco, a pesar de que su situación es radicalmente diferente y en ningún caso es comparable, como vamos a ver.
Analicemos sólo los casos de Montenegro y Escocia (no puedo extenderme a los demás). A Montenegro se le permitió celebrar el referéndum de independencia porque en 1356 ya era un Estado independiente, cuando con el nombre de Zeta logró separarse de Rascia. En 1516, se formó el Principado de Montenegro como Estado teocrático, que en 1852 se convirtió en Estado secular, y en 1910 se reconvirtió en reino. Dejó luego de ser independiente tras la I Guerra Mundial de 1914, pasando a federarse con la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia en 1946. El año 2002 se formó la federación de Serbia y Montenegro. Después se celebró un referéndum, en el que el 55% de los montenegrinos aprobaron separarse. Y Serbia reconoció y aceptó el triunfo del referéndum de su otro Estado federado. Y a Escocia se le permitió el referéndum de secesión, por el mismo motivo, porque cientos de años antes ya fue Estado independiente, después asociado al Reino Unido de Gran Bretaña, junto con Inglaterra y el País de Gales; mientras que Cataluña y el País Vasco jamás fueron ni estados, ni independientes, ni soberanos.