Ciudad Autónoma
Recordemos que lo que pretende la Ciudad Autónoma es la búsqueda de un promotor que sea el que construya las viviendas, luego se las cede al Ayuntamiento en régimen de canon y el Gobierno las alquila a las familias que se determine. Además, no hay que olvidar que el propio ejecutivo pone estos terrenos, porque todos ellos donde se pretende la ubicación, son de su propiedad.
Pero la posibilidad que se ha abierto con el conocimiento que existe de este decreto ley que está barajando el Gobierno es precisamente que el ejecutivo puede realizar actuaciones directas en terrenos que sean de su propiedad o bien conveniarlo con Ayuntamientos y comunidades autónomas. De ahí que se abran expectativas como fuentes de de financiación alternativas donde se podría llegar a un acuerdo a través de un convenio.
No hay que olvidar, por supuesto, que todas estas promociones están previstas en un principio que fueran ejecutadas por la misma Ciudad Autónoma, a través de la financiación con las entidades bancarias, pero tal y como se encuentra en estos momentos el problema con las entidades bancarias se hace muy difícil, de ahí que se vaya a optar por una de las dos fórmulas: o la colaboración público privada que es la que tienen ahora mismo entre manos o por supuesto esa que se ha abierto ahora con el propio Ministerio de Fomento a través del decreto ley que preparan.
Hay ya promotores interesados
Ante la puesta en marcha de la colaboración público privada, el mismo presidente tiene muy claro que no existe una garantía máxima, dado que al final se tienen que presentar los ofertantes al propio proceso que está determinado en la ley. Pero como es lógico y también se ha realizado en otros procesos se ha sondeado el mercado para buscar si existen promotores que pudieran estar interesados en la construcción de viviendas protegidas en nuestra ciudad dentro de las fórmulas que pondría encima de la mesa el Ayuntamiento. Y parece que esa cata ha salido positiva. En todo caso ahora dependerá de que cuando se produzca la publicación del pliego de condiciones, haya quien de el paso hacia delante y lo gane. Como hemos explicado en estas mismas páginas, el ejecutivo pagaría un canon a la empresa que construyera y que luego repercutiría en los propietarios de las viviendas. En los estudios que se han realizado por parte de los técnicos del Ayuntamiento se observa que ese canon está más que asegurado tanto por lo que se percibirá de los alquileres de los adjudicatarios, como del ahorro que supondrá el régimen que existe del programa de alojamiento alternativo.
Han sido tres las áreas de la Ciudad que han estado trabajando en estas cuestiones como la de Patrimonio y Contratación de manera principal, de cuyas conclusiones se encuentra muy satisfecho el mismo presidente Vivas, por lo que considera que han trabajado de una manera durate todos los técnicos.
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