En el número 14 de la calle Canalejas, a escasos metros de la Plaza Azcárate, una sábana colgada en la fachada denunciaba ayer que a varias familias que ocupan viviendas en el inmueble les ha sido interrumpido, contra su voluntad, el acceso al agua y a la electricidad. Con bastantes décadas a sus espaldas, el edificio está habitado por inquilinos que reconocen su condición de okupas, otros que aseguran que pagan rentas al propietario e incluso una vecina que alega que había suscrito un acuerdo con éste para abonar solo media mensualidad a cambio de ejercer labores de portera para sufragar el resto. En contra de ese galimatías, la administración del bloque insiste en que todos accedieron de forma ilegal, que no aportan cantidad alguna y que los procesos de desahucios ya están en marcha.
A un paso de la Calle Real, el edificio arroja una imagen singular: un vigilante contratado por los propietarios monta guardia día y noche para evitar, según éstos, que se ocupen más viviendas. Incluso abre y cierra con llave la puerta del portal cuando alguien la atraviesa. Los inquilinos, por contra, aseguran que son ellos los que no pueden dejar ni un minuto sus pisos vacíos porque los dueños podrían “aprovechar para entrar”. Una de las vecinas reconstruye cómo un fin de semana se desplazó hasta Marruecos y cuando regresó le habían forzado la puerta y de su interior habían desaparecido, entre otros enseres, un televisor y un ordenador portátil. En la denuncia ante la Policía que exhibe también figura la sustracción de “3 millones de francos marroquíes”. Es la misma inquilina que asegura que la propiedad del edificio le permitía, hasta ahora, vivir en él a cambio de que trabajara para ella y que, sin aviso previo, ha sido dada de baja en la Seguridad Social.
Otra afectada, integrante de una de las familias sin electricidad ni agua –el resto asegura que sí dispone–, narra cómo el día 8 unos “encapuchados” irrumpieron de noche en el inmueble para, por la fuerza, cortar las redes de suministro, suceso que atribuye a los propietarios. Reconoce su condición de okupa, pero asegura que se ha ofrecido sin éxito a pagar “un alquiler asequible”. “¿Dónde voy con 426 euros?”, se pregunta. Los administradores niegan todo y remiten a la Justicia.
