El Presidente de la Ciudad (PP) y el Delegado del Gobierno (PSOE) se han conjurado para arrasar definitivamente con lo que queda de nuestro castigado sistema económico. Es probable que hayan llegado a la conclusión de que para su interés (silencio, docilidad y desapego), lo ideal es que Ceuta esté absolutamente supeditada a los presupuestos del estado y controlada por la administración. Una colonia siempre es más manejable desde el poder. El éxito cosechado hasta el momento en esta empresa es indudable. A penas quedan en pié un puñado de empresas autóctonas, tiritando y lampando miserablemente por los contratos públicos o las subvenciones. Las “Reglas de Origen” se han convertido en la última víctima del dúo exterminador. El expediente abierto a las industrias lácteas ha sido el tiro de gracia.
Una ciudad extremadamente limitada en sus posibilidades de desarrollo económico, tendría que tratar de un modo exquisito cualquier oportunidad por pequeña o remota que fuera. Y las “Reglas de Origen” aparecían como un horizonte de esperanza entre tanta niebla (permiten la fabricación de productos a coste muy competitivo por exención de aranceles de las materias primas). De hecho, la empresa que se acogió a esta reglamentación, y que ahora ha cerrado, llegó a tener una plantilla próxima a cien trabajadores. En términos de empleo son palabras mayores. Pero lo cierto es que el Gobierno de la Ciudad nunca creyó en esta opción. Lo razonable es que hubiera promovido un Plan de Desarrollo Industrial basado en la idea de reconvertir las estructuras comerciales obsoletas y excedentes en un moderno parque industrial que sirviera como un referente de futuro. Suelo gratuito, financiación asequible, asesoramiento técnico y apoyo institucional, eran los ingredientes que se hubieran requerido del Gobierno. En su lugar, y como ya es norma de la casa, sólo han aportado abundante palabrería huera sin mayor alcance que regalarse los oídos. Es penoso el final que le han dado a PROCESA. Una empresa prestigiosa y bien concebida, cuyo objeto es potenciar el desarrollo económico, y que han terminado por convertir en una maltrecha gestoría para hacer las triquiñuelas financieras que en el Ayuntamiento están prohibidas, y repartir ayudas europeas cada vez más insignificantes sin la menor incidencia en el devenir de la vida económica local.
Por su parte el Gobierno de la Nación ha actuado como se espera de él. Es decir, desentendiéndose por completo de los problemas de nuestra Ciudad. Es cierto que la legislación que ampara las “Reglas de Origen” ofrece un margen para la interpretación excesivamente amplio. Y también lo es la fobia que la inmensa mayoría de técnicos de los ministerios del ámbito económico le tienen a Ceuta. La opinión generalizada entre ellos es que Ceuta es una Ciudad de “gangsters y contrabandistas”. Desconfían de nosotros por principio (aunque es justo reconocer que en muchos casos hemos contribuido a ello más de lo deseable). Todo lo concerniente a Ceuta se mira con lupa y con una predisposición negativa. Pero ahí es donde debería emerger la figura del Delegado del Gobierno defendiendo los intereses de Ceuta. Su obligación es trabajar para rehabilitar la imagen de nuestra Ciudad explicando convincentemente la realidad, y marcando directrices políticas que, respetando escrupulosamente la legalidad, no lesionen los legítimos derechos que nos asisten. Por desgracia (otra más) no hay Delegado del Gobierno. Pretender que este acólito de Juan Vivas, que ocupa incomprensiblemente esta institución, haga una sola gestión a favor de este pueblo es una quimera.
Ante este nuevo revés, el Gobierno de la Ciudad ha reaccionado con prontitud exhibiendo su proverbial optimismo para idiotas. La alternativa al destrozo consiste en inventarse una indescifrable letanía salpicada de términos engañosamente eruditos. Lo que ocurre es que la experiencia ya nos ha enseñado a traducir este tipo de alocuciones. Lo que van a hacer es, exactamente, nada de nada.
