A su vuelta de Madrid, el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ha valorado el encuentro mantenido con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, del que ya se informó en la edición de ayer. El delegado recalca la implicación de la Fiscalía, la “respuesta positiva” encontrada, más allá de que no se pueda aplicar, por sentencia del Tribunal Constitucional, la instrucción que permita la expulsión de los MENA que hayan cumplido los 16 años.
Pese a esto, González Pérez destaca que por parte de Torres Dulce y su equipo se han puesto a trabajar “para buscar fórmulas alternativas a la denegación por parte del Tribunal Constitucional a la aplicación de esa instrucción. No es que él no quiera, sino que el Constitucional determinó que no se podía aplicar”, apuntó el delegado.
“Estamos con las manos y pies atados en ese sentido”, añadió. ¿Y qué salida queda? Según González Pérez las hay, de hecho ha matizado que han existido conversaciones con el Ministerio de Justicia para definirlas. “Estuvimos dos horas reunidos, que dan para mucho. Les he explicado cuál es la situación desde el minuto uno hasta el final. La situación de Ceuta es muy distinta a la del resto de España fundamentalmente porque hay una mayoría de niños que no van a la ciudad porque estén desamparados sino que encuentran una especie de residencia”, explicó.
Por parte del fiscal general del Estado se ha estado receptivo a la búsqueda de alternativas en torno a las cuales el delegado está esperanzado. Entre éstas estaría el intento porque los padres de esos menores sean localizados y se les entregue a ellos sus hijos con todas las garantías, en presencia de la Policía marroquí que se encargaría de la localización de dichos tutores o progenitores haciendo la entrega a pie de frontera. En Melilla se han producido ya retornos de este tipo, incluso dándose casos en los que los padres marroquíes han acudido al propio centro para recoger a esos menores entregados con todas las garantías.
Por parte de la Fiscalía General del Estado se le ha garantizado al delegado que no habrá oposición alguna a este tipo de entregas, siempre que la Policía marroquí pueda localizar a esos progenitores a través de los datos facilitados por España.
Una salida ésta contra la que ya se alzan varias voces que, basadas en la experiencia, dudan mucho de que Marruecos vaya a admitir este trámite cuando ni tan siquiera se puede devolver a un menor a través del consulado de Marruecos en Algeciras al no reconocer la entrega desde Ceuta. Por parte de la Delegación del Gobierno, contando con el visto bueno de la Fiscalía, se defiende todo lo contrario.
Otro de los asuntos que se ha abordado en este encuentro es el de conseguir una mayor implicación y participación de las oenegés a través de casas tuteladas, lo que podría ayudar a aliviar la carga que recae sobre las administraciones públicas. También se ha puesto encima de la mesa la búsqueda de colaboración de entidades instaladas en Marruecos que ayuden a esta causa.
Por último la celebración de unas jornadas jurídicas nacionales en Ceuta organizadas por la Fiscalía General del Estado se está ya planificando con vistas a, de no ser posible en 2013, estar fechadas para el año venidero.