El Área de Fomento explica que la orden ministerial del deslinde está sin publicar en el BOE porque entonces no era preceptivo. A preguntas de los periodistas, Francisco Antonio González, delegado del Gobierno, aseguró ayer en relación a la manifestación en contra del derribo de las casas de la barriada de Benzú en aplicación de la Ley de Costas que existen unos “intereses manifiestos de movilizar a las personas”.
El máximo representante de la Administración General del Estado en Ceuta aseveró que, bajo ningún concepto, puede darse una “utilización espúrea de personas que tienen un problema y que las administraciones de una u otra forma pretenden solucionar”.
El delegado del Gobierno señaló que, si hay interés político, “indudablemente va a haber movilizaciones, pero si explicaran bien las cosas, seguramente esas movilizaciones no tendrían el sentido que ayer –por el jueves– se le quisieron dar”. Aludió a la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Benzú debido a la tramitación de los expedientes de recuperación posesorio del dominio marítimo-terrestre que, de ser desfavorables para sus residentes, podría acabar con la demolición de las construcciones.
Por su parte, Bharat Bhagwandas, director del Área de Fomento del Gobierno de la Plaza de los Reyes, reiteró ayer que la reclamación del terreno que ocupan sus viviendas por parte del Estado responde a que se encuentran en la denominada zona de deslinde de acuerdo con la Orden Ministerial (OM) de 29 de mayo de 1985. Una normativa que los portavoces del colectivo afectado, así como sus abogados, insisten en que nunca entró en vigor porque se quedó sin publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obsoleta.
“En aquella época”, expuso Bhagwandas a propósito de 1984, “no era preceptiva su publicación en el mismo”, sin embargo, continuó, “se notificó por otras vías”. Pero, ¿por qué no se empleó también el BOE? “El procedimiento no estaba reglado como en la actualidad por el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que data de 1992, es decir, posterior a la OM de 1985”, aclaró el responsable del área en la Delegación del Gobierno.
Sin embargo, continuó, Fomento remitió a los vecinos el resto de documentación relativa al expediente administrativo de deslinde: notificaciones a los organismos oficiales que exigía la Ley de Costas de 1969; la comunicación a los propietarios colindantes; la publicación en el BOCCE y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para ponerlo en conocimiento de los posibles ocupantes; y el plano de deslinde y amojonamiento la Dirección de Obras Públicas y Urbanismo, “sin que se produjeran alegaciones y sometido el informe a la Abogacía del Estado de la Provincia que expresó su conformidad con los trámites realizados”.
Por otra parte, Bhagwandas puntualizó que ese deslinde está incluido en el vigente PGOU de 1992.
