En recientes declaraciones a nuestro medio de comunicación, el máximo responsable de la Administración General del Estado en nuestra ciudad señalaba que "lo que debemos hacer es adecuar la legislación europea a la situación peculiar de nuestra ciudad, respetando, por supuesto, siempre la norma. Lo que no puede ser es que Ceuta se haya convertido en algunos casos en la residencia de los que si son menores acompañados, pero que llegan como menores no acompañados no tutelados. España no está en estos momentos para tirar el dinero".
Con Jesús Cardenal como fiscal general del Estado se consideró que si los menores extranjeros tenían 16 años había que suponer que habían sido emancipados por sus padres y que, por tanto, eran mayores. Se entendía que no era necesario que lo asistiesen los servicios de menores y por ello podían ser expulsados directamente, como se hace con los mayores.
Con la llegada de Conde Pumpido se da un giro que hace cambiar todo el panorama en materia de inmigración infantil, al defender exactamente lo contrario, es decir, que los menores son menores hasta que cumplen los 18 años y por tanto no cabía expulsión alguna al país vecino, salvo que la Ciudad quisiera enfrentarse a una denuncia tras otra. Con Conde Pumpido se envió una instrucción a todas las fiscalías destacándose que había que respetar los procedimientos legales y que, incluso aunque fuese posible la repatriación, no siempre tenía que hacerse por el principio del interés superior del menor.
Con este panorama encima de la mesa se quiere dar un cambio a la política de menores adoptándose cambios desde la Fiscalía General por las que tendrá que pelear la Delegación del Gobierno.
Hace un año, que se va a cumplir por estas fechas, el delegado del Gobierno convocó una reunión para analizar esta cuestión en la propia sede gubernativa en la que intervinieron todas las partes en conflicto.
Entonces ya comentó que no solamente a Madrid se le debía pedir dinero para que incremente las partidas de atención a los menores, sino que t ambién se debe pedir el cambio de legislación.
Para el delegado la actuación en este campo no debe ir sólo en la línea de pedir a Madrid más dinero, o al menos el que en principio se había comprometido con Ceuta y se ha ido recortando gradualmente cada año. Esa actuación debe ir también en la necesidad de que Madrid se implique con normas específicas para Ceuta que consigan evitar que la presión sea incontrolable.
A juicio del delegado, Ceuta, como Melilla, necesitan de “una instrucción específica” sobre la aplicación de la legislación correspondiente en ambas ciudades. “Hay una legislación, pero también tiene que haber una aplicación especial en Ceuta y Melilla porque estamos en frontera con un país en vías de desarrollo que tiene carencias y que genera una llegada masiva de menores... es cierto que la entrada de MENA que después son acogidos por las autoridades españolas a veces no es ilegal, sino legal”, apuntó, refiriendo lo que ya denunciara la AUGC, que hay menores “que vienen con pasaporte que al ser expedido en Tetuán tienen entrada; llegan con sus padres, los sueltan y se olvidan: no hay un flujo de menores ilegales solamente, sino también de menores abandonados por los padres”, clarificó.
Más de seis mil menores en Ceuta en los últimos ocho años
La “cifra escandalosa” la llegó a dar en su momento el mismo delegado del Gobierno. Así definió, al menos, el número de menores extranjeros que han pasado en estos ocho años por los centros de menores de la ciudad: un total de 6.000. Para González Pérez esto se ha debido a una realización de “modificaciones que no tenían sentido”, lamentó. “Debe haber apreciaciones específicas para Ceuta y Melilla, estamos en frontera con un país en vía de desarrollo que provoca la llegada de menores y debe haber alguna adicional o transitoria que recoja la problemática de Ceuta”, apuntó a los medios el delegado.
“La repatriación no es un objetivo absoluto que se haya de perseguir a toda costa; pueden estar en juego también otros intereses, como la vida, la integridad física o psíquica y el respeto a los derechos fundamentales del menor, que pueden hacer que la balanza del interés superior de éste se incline finalmente en pro de su permanencia en nuestro país”. 
