El miembro de la Ejecutiva Regional advirtió ayer al ex diputado nacional de que con estas “insinuaciones” no hace más que “escupir al aire”. “Quien está en las Administraciones Públicas debe trabajar para resolver los problemas, no para reírse, decir chascarrillos y echar balones fueras”, recordó Núñez al actual inquilino de la institución de la Plaza de los Reyes, a quien recomendó “estudiar” la normativa que regula “cómo se adjudican los contratos públicos y cuáles son sus funciones”.
Según los socialistas, la licitación de contratos como el de las ambulancias o el de ampliación del Centro de Salud del Tarajal, ambos frustrados, se hicieron con todas las de la Ley, “desde Madrid” y con la participación directa de técnicos “que ahora ocupan responsabilidades en el Área Sanitaria y a los que suponemos no hará ninguna gracia que lo que el delegado escupe al aire les cae de pleno”.
Para Núñez, si Ambulancias MP recibió el primer contrato fue “porque la primera licitadora tuvo problemas técnicos para asumirlo y porque había presentado todos los documentos que acreditaban su solvencia económica y técnica”. “No vemos dónde están los oscuros intereses cuando la misma empresa ha recibido el mismo contrato recientemente en Melilla”, comparó el socialista, quien advirtió al delegado de que su prioridad ahora debería ser “escuchar a los trabajadores y a todos los agentes implicados y buscar por la vía del consenso soluciones para evitar que los pacientes sean los perjudicados por la huelga convocada”.
“González Pérez debería preocuparse más”, opinó, “del repago de desplazamientos no urgentes, de la no implantación de la receta electrónica o de las posibles privatizaciones de los servicios de cocina y lavandería”. “Además, si mantiene sospechas tendría que ir a los Tribunales, no jugar al ‘Sálvame”, cerró.
“Excusas” con el Plan Integral de Discapacidad
El secretario de Política Social del PSOE de Ceuta, Pablo Núñez, denunció ayer que la demora que acumula la elaboración de los informes que deben conducir a la redacción de un Plan Integral de Discapacidad en Ceuta, tal y como se aprobó en el Pleno, no está justificada por la elaboración de una Ley General. “Se trata de una excusa porque esa norma no es más que la obligación que tiene el Gobierno, con fecha límite ampliada al próximo 31 de diciembre, de refundir las tres leyes que afectan a la cuestión, un trabajo más técnico que político que no pasará por las Cortes y no se someterá al control de la oposición”, distinguió.
