Pues bien, ayer mismo la oenegé CEAR recibió respuesta del departamento que dirige Soledad Becerril. Una respuesta favorable en forma de recomendación que ahora la administración puede o no cumplir, pero que viene a significar el pensamiento de una institución, como es la del Defensor, en torno a los derechos de este colectivo de inmigrantes.
La Defensora ha procedido a formular a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras la recomendación de impartir las instrucciones oportunas para permitir el acceso a la península a los solicitantes de protección internacional con solicitud admitida a trámite, dando traslado de las mismas a la Subdirección General de Asilo.
De cumplirse esta recomendación los costamarfileños deberían poder marchar ya a la península hasta que se conozca el resultado de las gestiones llevadas a cabo que están a punto de cumplir los dos años.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ya ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por la situación de estos solicitantes de asilo tanto en Ceuta como en Melilla reclamando al Gobierno que permita “la libre circulación por la península” a aquellos cuya solicitud haya sido admitida a trámite.
CEAR se ha sumado así a las críticas hacia España del Relator especial de Naciones Unidas sobre las formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, Mutuma Ruteere, que estuvo en Ceuta y conoció la situación de los demandantes de asilo, pidiendo para ellos una mayor atención.
“Es una vulneración de un derecho constitucional”
La lucha en el tiempo que mantiene CEAR porque se respeten los derechos de este colectivo se basa en la exigencia de cumplir derechos constitucionales. Para CEAR, la restricción de acceso a la península a los solicitantes de protección internacional con peticiones admitidas a trámite que formalizaron su solicitud en Ceuta y Melilla “comporta una vulneración flagrante del ejercicio del derecho constitucional consagrado en el artículo 19 de la Constitución”, relativo a la libertad de residencia y circulación por territorio nacional. “Semejante interpretación de la legalidad vigente supone un retroceso sin precedentes en la protección internacional en España” y violenta “frontalmente la normativa y tratados internacionales en este ámbito”, concluyó en una anterior denuncia. A la queja de CEAR se suma ahora la respuesta dada por el Defensor, a lo que se añade la crítica también del TSJA, dictando sentencias con las que ha apoyado el derecho de estos inmigrantes. Lo peor de esta situación mantenida en el tiempo es que está provocando malestar entre el colectivo de costamarfileños, que se ven bloqueados en el centro de estancia temporal dando pie a tensiones cada vez que se dan a conocer las famosas ‘listas de las maletas’ y ellos no son los elegidos para poder marchar a la península.
