La Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, solicitando que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adopte los acuerdos necesarios que permitan garantizar en todos los casos, el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias que ofrece dicho Sistema, con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren.
Tras esta investigación se encuentra el hecho de que persisten las quejas que recibe la Oficina del Defensor del Pueblo por parte de ciudadanos que denuncian dificultades para obtener una atención de calidad en los desplazamientos temporales a comunidades autónomas distintas de su residencia.
A juicio de la Institución, preocupan especialmente, tanto las limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada, como la situación de los enfermos crónicos sometidos a un estricto tratamiento farmacológico, que en sus desplazamientos temporales a otra comunidad distinta de la que residen, no pueden acceder a los medicamentos que ineludiblemente precisan.
Según le ha transmitido la Institución al Ministerio, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, declara que el acceso a las prestaciones sanitarias debe efectuarse en condiciones de igualdad efectiva y que las políticas en salud deben orientarse a la supresión de las desigualdades territoriales y sociales. Asimismo, le recuerda que estos mandatos han sido completados por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, a través del establecimiento del marco legal que debe presidir la coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias, en aras de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el ámbito sanitario. De hecho, la Exposición de Motivos de este último texto legal, define la equidad como ”garantía en el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio, posibilitando la libre circulación de todos los ciudadanos”.
La efectividad del derecho de los ciudadanos a recibir por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentran desplazados, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los residentes en la comunidad autónoma de que se trate, es un asunto del que la Oficina del Defensor del Pueblo lleva tiempo ocupándose. En este sentido, en el último informe anual presentado por la Institución a las Cortes Generales, correspondiente al ejercicio 2010, se deja constancia del todavía insuficiente desarrollo e incompleta implantación de determinados instrumentos necesarios para lograr sistemas de información compartidos por todos los servicios de salud (entre otros, tarjeta sanitaria y receta electrónica comunes). Una situación que puede dar lugar a una limitación en la movilidad de los usuarios en el conjunto de dicho sistema.