O muerto o rico

De todas las imágenes que se han compartido estos días en las redes sociales hay una, en principio insustancial, que me ha hecho pensar. Se trata de una fotografía de los años sesenta en la que aparece un joven legionario, “despecheretado” y apoyado en su arma reglamentaria, que posa delante de las alambradas que sirvieron de frontera entre Ceuta y Marruecos. En el comentario que acompaña a la referida fotografía se dice que hace unas décadas unos pocos y valientes legionarios eran suficientes para proteger el territorio ceutí. En aquellos tiempos, no tan lejanos en términos históricos, nadie se planteaba en Marruecos abandonar su país para entrar de manera ilegal en España. Los habitantes a uno y otro lado de la alambrada entraban y salían en ambas direcciones con relativa permisividad.

El incremento en los flujos migratorios entre África y Europa se hizo patente entre los años 1990 y 2000. Así, a finales de los años noventa se levantó la doble valla perimetral para impedir el paso irregular de inmigrantes que deseaban alcanzar la próspera Europa y en el 2000 se creó e inauguró el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que cuenta con una capacidad oficial de 512 plazas. En los primeros años, los intentos de entrada en Ceuta fueron por mar en patera y por tierra por el arroyo de las Bombas. Durante estos años que median entre finales del siglo XX y principios del XXI, los medios desplegados demostraron su eficacia. Sin embargo, pronto se hicieron evidentes los puntos débiles del cierre fronterizo de Ceuta. El más claro era y es el espigón localizado en la playa del Tarajal. Con el paso del tiempo y la acción del oleaje, el espigón quedó en un saliente testimonial que podía fácilmente superarse, incluso andando por el arenal durante la bajamar.

Consciente de la posibilidad de acceder a Ceuta sin gran dificultad, unas doscientas personas de origen subsahariano intentaron entrar a nado en nuestra ciudad. Aquel día 6 de febrero de 2014 fallecieron ahogadas entre catorce y quince personas. Tras esta tragedia se abrió una investigación judicial para determinar la responsabilidad de la Guardia Civil en estas muertes debido al uso de material antidisturbios. El caso se ha abierto y cerrado en varias ocasiones y ahora se encuentra en el Tribunal Constitucional tras admitir un recurso de amparo contra el archivo de la causa abierta contra los guardias  civiles que repelieron la entrada de inmigrantes en Ceuta en el año 2014. Desde aquel año, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) no ha dejado de reclamar la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú, el refuerzo de personal permanente y, sobre todo, el establecimiento de normas claras sobre cómo actuar ante intentos de entrada masivos en el medio acuático. Estas sensatas reclamaciones de la AUGC no se han llegado a atender, a pesar de la entrada masiva de inmigrantes que sufrimos en Ceuta en el año 2021. Desde luego, el gobierno de España debería dar explicaciones de la pasividad que han demostrado en estos años, cuya consecuencia la estamos experimentando en nuestra ciudad desde hace más de veinte días.

Hecha esta breve anotación histórica, quisiéramos exponer en este artículo un análisis más profundo sobre las causas del incremento de la presión migratoria sobre Ceuta. Un primer comentario que conviene hacer es el salto cualitativo que han supuesto las crisis migratorias de 2021 y 2026, esta última aún en curso. Hasta el año 2021, la mayoría de los migrantes eran de origen subsahariano, pero en la del referido año, quienes protagonizaron la entrada masiva en Ceuta fueron marroquíes. Lo hicieron, como quedó acreditado por las declaraciones de altos representantes del gobierno de Marruecos, alentados por máximos responsables de su país en el contexto del conflicto diplomático por el Sáhara Occidental. En esta ocasión que estamos viviendo ahora, todavía no se ha podido acreditar que el gobierno de Marruecos esté detrás de su organización, pero es evidente que no actuaron para impedir la invasión de Ceuta. Aunque nos duela decirlo, lo sucedido entre los días 30 y 31 de julio tiene otro claro responsable, igualmente por omisión: el gobierno de España. Tampoco se enteraron de lo que estaba cociéndose en Marruecos y, si se lo advirtieron los servicios de información, no se lo tomaron en serio, quizá por un exceso de confianza en nuestros vecinos del sur, después de haberles apoyado en sus reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara Occidental. Lo peor de todo, y lo que no tiene defensa alguna, es que tras la invasión del 2021 desoyeron las lógicas demandas de la AUGC para proteger las fronteras de Ceuta, entre ellas la reconstrucción del espigón del Tarajal y la dotación de medios humanos suficientes para repeler una nueva entrada masiva en Ceuta.

La falta de unas adecuadas defensas físicas del perímetro fronterizo, y de un marco jurídico adaptado a un nuevo modelo de presión migratoria masiva, nos ha dejado en una situación de vulnerabilidad frente a Marruecos. Ambas medidas requieren tiempo, del que el gobierno de España y la Unión Europea han dispuesto en el último quinquenio, pero que han desaprovechado, dejándonos en una situación de total indefensión. Es hora de ponerse las pilas y no perder ni un minuto en acabar con los puntos vulnerables de las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla, así como en abordar la revisión, en profundidad, de las leyes relacionadas con la inmigración. Tenemos que estar preparados ante previsibles nuevas embestidas contra la soberanía de ambas ciudades norteafricanas.

Ceuta y Melilla se encuentran junto a un polvorín social a punto de explotar. Los primeros estallidos se registraron durante la llamada Primavera Árabe y, en fechas más próximas, en las protestas juveniles lideradas por la denominada Generación Z que tuvieron lugar a finales de septiembre del año 2025. Las movilizaciones fueron coordinadas de forma anónima en las redes sociales con mensajes tan elocuentes como “no queremos mundial, queremos sanidad” y demandas de profundas reformas económicas, políticas y sociales, como la construcción de centros educativos, acceso a la salud pública o acciones decididas del gobierno marroquí para reducir el galopante desempleo juvenil, que ha llegado a rozar el 50% en ciertos trimestres.

Al mismo tiempo que el rey Mohamed VI declaraba -en su tradicional mensaje a la nación durante la Fiesta del Trono-, que era motivo de orgullo y satisfacción la seguridad, estabilidad y eficiencia de las instituciones del Estado marroquí, por lo que era  reconocido y admirado por la comunidad internacional, ciento cuarenta y una personas se ahogan en la playa del Tarajal y cerca de ochenta mil de sus súbditos huían de su país para encontrar un futuro en España. La realidad dejaba en evidencia las palabras del monarca alauita. Esto no es óbice para dejar de reconocer el fuerte crecimiento de la economía marroquí y la mejora en sus infraestructuras de transporte. El problema es que la riqueza acumulada en estos años no se ha redistribuido de manera adecuada ni se ha invertido en la mejora de los servicios sanitarios, educativos, en la creación de empleo o en el incremento de la renta de los ciudadanos marroquíes. Puede que con el tiempo estos cambios lleguen a Marruecos y a otros países en vías de desarrollo, pero los integrantes de la generación Z se han cansado de esperar y han pasado a la acción coordinados mediante las redes sociales. Como ha declarado unos jóvenes marroquíes que ha entrado en Ceuta, “o muero en el intento, o me hago rico”.

La desesperación de los jóvenes inmigrantes es más que patente. Quieren tener una oportunidad de alcanzar el sueño de convertirse en personajes ricos y célebres como Lamine Yamal, hijo de un inmigrante marroquí y una guineana. Otros, menos ambiciosos, se conforman con encontrar un trabajo que les permita vivir con dignidad y disfrutar de las prestaciones sanitarias, educativas y sociales de un país avanzado como el nuestro, donde se respetan los derechos humanos y la libertad individual. Admiran a España y a sus logros internacionales, como el reciente mundial de fútbol. Esta admiración lleva a los jóvenes inmigrantes a idealizar a nuestro país, cuando la realidad no es tan boyante.

El paro juvenil en España afecta a cerca de uno de cada cuatro menores de 25 años, con tasas que rondan el 24% y el 25% según registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística. España se mantiene de forma reiterada a la cabeza de la Unión Europea y de la OCDE en este indicador de desempleo entre los más jóvenes. En términos generales, la situación de los jóvenes en España es insostenible. Tal y como recoge el Informe Juventud en España 2024, “la edad media de emancipación se sitúa en los 30,4 años; un 56,6 % de los hogares jóvenes reside en régimen de alquiler y más de la mitad se encuentra en situación de sobreesfuerzo económico para poder pagarlo”. Los jóvenes reciben unos salarios “que no se ajustan al nivel de vida y una oferta laboral escasamente adaptada a su alta cualificación”. La precariedad laboral de los jóvenes españoles está repercutiendo en su salud mental. La tasa de problemas psicológicos “en el grupo de 15 a 34 años ha crecido un 590 % en la última década, situándose por encima de la media del resto de la población adulta. Un 41,4 % de las personas jóvenes con riesgo alto de comportamiento suicida nunca ha acudido a un profesional”.

El modo de vida occidental, que tanto atrae a los jóvenes de Marruecos y de otros países africanos, resulta insostenible en términos ambientales, económicos y sociales y, lo que es peor, insatisfactorio y decadente desde el punto de vista humano. Nuestra “exitosa” economía es el resultado de “La Gran Transformación” (título de la obra cumbre de Karl Polanyi) del sistema económico en el siglo XVIII que separó la economía de las relaciones humanas tradicionales. El “desincustramiento” de la actividad económica de las relaciones sociales, religiosas y comunitarias ha trastocado las sociedades tradicionales y mercantilizado elementos fundamentales para el equilibrio social, como el trabajo, la tierra y el dinero.

En Marruecos aún perduran pueblos y grupos humanos enraizados en su tierra, autosuficientes en la provisión de alimentos básicos, con sistemas económicos equilibrados e informales, grupos cohesionados basados en el apoyo mutuo y respetuosos con sus tradiciones religiosas y culturales. Viven de manera frugal y sencilla, con la vista puesta en la naturaleza, de la que dependen, y con agradecimiento a Dios. Este tipo de vida, similar a la que hace un par de generaciones caracterizaba a España, es a la que debemos mirar para superar la crisis multidimensional que amenaza a la humanidad. Por supuesto, esto no implica que renunciemos a los avances educativos, sanitarios y sociales que hemos alcanzado y que han mejorado las condiciones de vida. A lo que tenemos que renunciar es a la destrucción de la naturaleza, a la mercantilización del trabajo y al consumismo. Si no lo hacemos, la degradación del ser humano será cada vez más profunda y no habrá frontera capaz de detener la avalancha de infelices que aspiran a acceder a un infierno existencial disfrazado de paraíso.