El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado “mayor coordinación” para luchar contra la trata de menores inmigrantes que entran en nuestro país para su explotación sexual, laboral y de tráfico de órganos, principalmente, un negocio que, lamenta, “mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares americanos”.
Desde el último año, ambas Defensorías, junto con las administraciones, la Fiscalía de Menores de Andalucía, Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cruz Roja trabajan en la situación de los menores llegados a España. Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, constituye un punto estratégico de entrada de personas irregulares, en especial, de menores que solos o acompañados de adultos sin que se pueda verificar el parentesco, entran en nuestro país con indicios de que pudieran ser objeto de tráfico de seres humanos.
En Andalucía se han detectado ya 52 casos de indicio de trata, mientras que en el caso de Ceuta, tras las pruebas practicadas hasta la fecha a todo menor que llega con un adulto, no se han detectado irregularidades.
Maeztu ha hecho un llamamiento a la “concienciación y la sensibilización” sobre uno de los asuntos “más graves” a los que se enfrenta como Defensor del Menor, ya que la explotación de niños “atenta contra los valores superiores del ordenamiento jurídico” y trae consigo “nefastas consecuencias” para unos menores que “se sienten decepcionados, culpables, con baja autoestima, y que recurren al abuso de drogas para adormecer el dolor e incluso otros intentan el suicidio”.
Del mismo modo, Maeztu alerta de que es un negocio que mueve anualmente “entre cinco y siete billones de dólares americanos, siendo el 85 por ciento de los beneficios del comercio sexual, donde el 98 por ciento es ocupado por mujeres y niñas, según datos de Naciones Unidas”.
El Defensor subraya que hay que “consensuar” un protocolo que decida la intervención de cada uno de los agentes de este proceso, que se presenta “complejo”.
