El Defensor del Pueblo aboga por las estancias cortas en el CETI del Jaral

El Defensor del Pueblo ha incluido una valoración sobre el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta en su informe sobre migraciones y extranjería 2010.

En el mismo la Institución reconoce los avances que se han logrado en el centro aunque advierte del largo tiempo que pasan algunas unidades familiares en el centro. Insiste de hecho en que “en la práctica, muchas familias permanecen largo tiempo en el centro hasta que se produce su traslado”. El Defensor recomienda mejorar estos tiempos de espera ya que van contra el propio desarrollo del inmigrante, estando constatado que, superado un plazo de tiempo (más de tres años), ya es inviable que se produzca cualquier avance en un inmigrante. Más aún, lo que se produce es un retroceso.
A diferencia de Melilla, el Defensor valora las estancias de Ceuta, ya que en las mismas no se produce, por ejemplo, el “hacinamiento” en que se encuentran los residentes “en las distintas dependencias habilitadas como dormitorios”, apunta en relación a la ciudad hermana.
En la exposición completa que hace en la memoria sobre migración y extranjería, el Defensor recalca la postura que mantiene la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, que es la de apoyar la reducción de la estancia de las familias en el centro mediante las salidas a programas de ayuda humanitaria, en lugar de crear módulos familiares”. Una defensa que cuadra a la perfección con la idea de la Institución aunque con alguna que otra puntualización. “Compartimos plenamente la posición de  ese órgano directivo en cuanto a la reducción del tiempo de estancia de las familias. Sin embargo, la experiencia acumulada nos lleva a reiterar la importancia de la existencia de módulos familiares dado que, en la práctica, muchas familias permanecen largo tiempo en el centro hasta que se produce su traslado. En cualquier caso, se valora positivamente la decisión de reagrupar los núcleos familiares en un área determinada, dado que supone un avance respecto a la situación anterior”, señala.
Esta reclamación del Defensor se erige en la pelea constante que durante años ha tenido la institución por mejorar la estancia de los inmigrantes en el CETI. Sobre todo se muestra crítica en los tiempos, algo en lo que ya el centro de estancia temporal va avanzando. De hecho se ha trabajado en la reducción de estancia para que no haya inmigrantes que estén más de tres años en el centro y se propone como salidas principales las familiares, aunque el visto bueno a dichas salidas no depende sólo de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
En su informe el Defensor incluye también las denuncias presentadas por un grupo de extranjeros residentes en el monte que aluden a las agresiones y amenazas sufridas por parte de un grupo de ciudadanos extranjeros que se aloja en el CETI. “Este grupo, según parece, ha sido denunciado por el propio personal del centro y por otros residentes debido a su comportamiento conflictivo. Los interesados afirman que las amenazas y agresiones se producen debido a que ese grupo de inmigrantes pretenden ocuparse de los pequeños trabajos que ellos realizan tales como aparcar coches, ayudar a los clientes de las grandes superficies a transportar sus compras, etc. Finalizan solicitando la intervención de la Institución, ya que consideran que su situación mejoraría al residir en el CETI, dado que en el mismo hay personal de seguridad”, concluye. Se refiere el Defensor a la existencia de algunos sin papeles a los que se tiene prohibida la entrada en el campamento y para los que se ha presentado queja formal. En el momento de elaboración del informe se ha recibido la respuesta de la Administración, por lo que la investigación continúa abierta.

Vinculaciones entre inmigración y mercado laboral

La Defensora del Pueblo interina, María Luisa Cava de Llano, considera una “incorrección vincular de manera absoluta la inmigración con el mercado laboral” en España pensando en que quienes llegaron al país en busca de empleo se marcharían al quedar en paro, ya que, según recoge el informe anual de la Institución, “las cifras muestran que no solo permanecen en nuestro país, sino que en muchos casos” tienen ya o han solicitado la nacionalidad española. Esta es una de las primeras valoraciones del capítulo relativo a migraciones y extranjería del informe 2010 en el que la institución detalla la tramitación de más de un millar de quejas a lo largo del año y destaca “el incremento” de las interpuestas por españoles “sobre situaciones que afectan a extranjeros con los que mantienen vínculos familiares”.

El veto policial al tránsito con tarjetas, en cuestión

Uno de los asuntos abordados por el Defensor del Pueblo tiene relación directa con el uso de las famosas tarjetas amarillas que provocó una airada reacción de sus portadores contra la administración. La Institución incluye en su informe la investigación llevada a cabo ante las jefaturas de las dos hermanas, al conocer que funcionarios policiales estaban impidiendo el traslado a la península de demandantes de asilo, provistos de la correspondiente tarjeta que les identificaba como tales.
“Los mencionados funcionarios”, dice el Defensor, “alegaban que tenían instrucciones de la superioridad para actuar en este sentido”. Tras el inicio de la correspondiente investigación, la Administración insistió en la corrección de su actuación, en virtud de la cláusula de reserva que sobre las  Ciudades Autónomas se incluyó en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. El Defensor manifestó su disconformidad con tal actuación “por estimar que la limitación del derecho de circulación dentro del territorio nacional de un titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, expedido por el Ministerio del Interior no está justificada ya que dicho documento autoriza a dichos solicitantes de asilo a permanecer en España durante el tiempo de su validez”.
El Defensor incluye en su memoria que “pese a nuestra disconformidad con tal actuación se entendió procedente concluir las actuaciones ya que se pudo conocer que algunos interesados habían sometido este asunto a procedimiento judicial. El Defensor del Pueblo ha tenido conocimiento de la existencia de varias resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal de Justicia de Andalucía por las que, revocando las de instancia, declaran que se ha impedido de manera ilegítima el derecho a la libre circulación dentro de territorio nacional que asistía a los interesados, en su condición de solicitantes de asilo”, aclara.
Lo que hace el Defensor ante esta historia es dejar constancia de “la discrepancia con la actuación de la Comisaría General de  Extranjería y Fronteras que ha llevado a los interesados a formular  recursos judiciales para que se reconozca su derecho a transitar por el territorio peninsular”.
Recuerda además las acciones iniciadas ante la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, con el fin de conocer las causas por las cuales no se trasladaba desde los Centros de Estancia Temporal de Ceuta y Melilla a los demandantes de asilo, cuya solicitud había sido admitida, a los centros de asilo y refugio existentes en la península. “El citado órgano  directivo manifestó que la atención dispensada a estas personas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes era similar a la que recibían en los Centros de Asilo y Refugio y que no obstante continúan trabajando con la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para facilitar el traslado a la península, tanto de solicitantes de protección internacional como de colectivos vulnerables que residen en los CETIs”, aclara.
Disconforme con la situación el Defensor advierte de la necesaria protección que deben tener los solicitantes de asilo y recuerda “el deber legal que le incumbe de asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente que, en este caso, se concreta en impartir instrucciones para que se grabe con carácter general en los registros policiales la causa de inadmisión de las solicitudes de asilo y se ha recordado a los funcionarios actuantes la necesidad de extremar el celo en la grabación de todas las circunstancias de los solicitantes de asilo, para garantizar la protección de éstos y coordinar las actuaciones a seguir”.

Un guardia herido al detener a un camerunés en la planta

Un agente de la Guardia Civil resultó lesionado en un dedo al instar a un subsahariano a que abandonara el contenedor de basuras en el que se había escondido con otros dos compatriotas, con la idea de pasar a la península entre malezas.
El inmigrante, de origen camerunés, lejos de atender el requerimiento del agente opuso resistencia por lo que terminó forcejeando, lesionándole un dedo de la mano y rasgándole la vestimenta. Por todo ello fue detenido y acusado de una resistencia a la autoridad y agresión.
En el contenedor de basuras se encontraban otros dos subsaharianos que sí atendieron las órdenes de los agentes abandonando el lugar. La actuación de la Benemérita se enmarca en las labores de control que se llevan a cabo en la planta de tratamiento de residuos desde que el pasado agosto se comenzara a informar de estas prácticas. La primera fuerza de seguridad que comenzó con controles en la zona fue la Policía Nacional, tal y como hace meses se informó en este medio, para después ser activada la Guardia Civil con controles en el monte.
Nada ha cambiado desde aquellos meses, registrándose repuntes de mayor o menos presión según los días. Lo que sí están haciendo ahora los subsaharianos es acudir con un doble ropaje. Llevan chandal por fuera y por dentro unos vaqueros ocultando alguna bolsa de plástico. Cuando consiguen pasar a la península se deshacen del chandal y se quedan con la ropa limpia persiguiendo pasar más desapercibidos.