Este detalle al que alude Ortiz queda reseñado también en la sentencia, ya que la jueza concluye que la conducta de ambos acusados no fue la adecuada, más bien fue una clara negligencia. Ambos han valorado la objetividad de las forenses que hicieron una piña en su crítica a la actuación de los sanitarios, algo de lo que no existe precedente en instrucción. “Estos licenciados en Medicina ignoraron olímpicamente los protocolos de la SEN (Sociedad Española de Neonatología) sobre que hay que reanimar a todo bebé que nazca con más de 23 semanas de gestación y más de 400 gramos de peso, y que en caso de duda (los bebés tenían más semanas de gestación y más peso), en principio lo correcto es empezar la reanimación y el soporte vital (consistente en secar a los bebes, darles calor con cama términa, ponerles un ambú o mascarilla para darles oxígeno, intubarles y aplicarles surfactantes por vía y también por vía aplicarles adrenalina y dispensarles suero glucosado) y luego, si pasados unos momentos se ve que la evolución no es buena, retirar o interrumpir el soporte vital siempre con el consentimiento de los padres, que en este caso tampoco se tuvo en cuenta”, aclara.
Para la defensa de los padres de los neonatos se ha permitido una irregularidad por parte de Ingesa que sigue vigente, al efectuarse contrataciones de médicos no especialistas como pediatras. Considera que se hace para ahorrarse dinero, ya que un especialista en una rama sanitaria concreta y un licenciado cobran distintas nóminas. Un punto éste sobre el que alerta el abogado ya que se sigue produciendo en la administración sanitaria más allá del caso enjuiciado. “La sentencia pone de manifiesto un conjunto de déficits asistenciales atribuibles tanto a Ingesa como a los condenados, dignos de reproche penal”, concluye. Entiende además que se ha producido en este proceso un conflicto de intereses claro entre administración y acusados, ya que el Ministerio Fiscal ofreció antes del juicio una conformidad que no fue aceptada y que ha terminado por ser, prácticamente, la señalada por su señoría.
Antes del juicio, que fue tildado como un “linchamiento mediático” por la defensa de los médicos, se ofreció una pena de falta para los profesionales (la misma que luego se ha fijado en la sentencia) y una indemnización para el Ingesa (un poco más elevada de la establecida).
Valle: “Estoy satisfecha porque se ha llegado hasta el final”
La madre de los neonatos, Valle Martín, se mostraba ayer “satisfecha” por haberse conseguido que el caso haya llegado “hasta el final”. Valle confesaba a ‘El Faro’ que esperaba que la condena hubiera sido mayor, pero a su vez estaba satisfecha porque la denuncia que ha dado origen a este asunto no se hubiera perdido por el camino, dando lugar a un proceso que ha terminado con una vista oral y una sentencia. “Ahora estoy en una nube”, apuntaba, después de dos sesiones judiciales duras, marcadas por los recuerdos de lo que sucedió aquel mes de noviembre de hace casi cinco años en el que perdió a sus mellizos. “Todos me desanimaban”, recuerda, “me decían que no se llegaría hasta aquí porque nunca se condenaba a un médico en Ceuta”. Ella, junto con quien fuera su pareja, denunciaron los hechos e iniciaron un proceso judicial que durante años se perdió en el juzgado. Finalmente salió del olvido y pasó por la mano de cuatro jueces diferentes, hasta culminar en la sentencia firmada por la magistrada del juzgado de lo Penal número 1. La testifical de Valle fue una de las más emotivas de las escuchadas en la sesión que se desarrolló el pasado 5 de marzo, en la que recordó el momento del parto, los escasos contactos que pudo tener con los recién nacidos y la pérdida posterior de quienes iban a ser sus primeros hijos.
Las partes no apuestan por presentar recurso
Aunque todavía no se ha cerrado la posibilidad al cien por cien, en un principio las partes no tienen pensado interponer recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal y que podría ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Por parte de las defensas y de la Acusación no parece que haya interés en interponer recurso, aunque faltaba limar algunos consensos para que dicha determinación sea firme. Los médicos quedan condenados a una falta que se traduce en el abono de una multa, mientras que la indemnización de poco más de 64.000 euros a la que hay que sumar los intereses con lo que alcanzará los 120.000 queda bajo responsabilidad de las aseguradoras de que dispone el Ingesa. La pena es inferior penalmente respecto de lo solicitado en las conclusiones, mientras que económicamente se asemeja a lo solicitado por el Ministerio Fiscal (200.000 euros).
