La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, prevé que los comedores de verano vuelvan a estar operativos una vez que finalice el curso escolar. Se trata de un servicio que viene a cubrir una necesidad social, y por este motivo se ofrecerá nuevamente dentro de unos meses.
Sin embargo, hay un aspecto que, como la propia consejera señala, es imprescindible mejorar para evitar el derroche de dinero público, siempre imperdonable, pero aún más en una época de crisis y sobre todo en una ciudad en la que hay tantas peticiones que atender.
Explica la consejera que este servicio necesitó hace un año un presupuesto aproximado de un millón de euros. La mayor parte, unos 600.000 euros, fue para personal. Y el resto, unos 400.000 euros, se empleó en el pago de dietas. Este dinero se destinó a cubrir las necesidades de los 623 alumnos inscritos en el programa.
El problema surge cuando, según Mohamed, al final sólo utilizan este servicio unos 415 estudiantes, es decir, el 66,6% de los inscritos inicialmente. De este modo, una de cada tres plazas presupuestadas con ese millón de euros no fue utilizada. Y, por lo tanto, una parte importante de ese dinero de la Administración local no sirvió para el objetivo previsto inicialmente, que no era otro que cubrir una necesidad social.
¿Qué llevó a un tercio de los alumnos inscritos a no utilizar finalmente los comedores de verano? ¿Por qué hubo padres que solicitaron un servicio que no necesitaban? Y sobre todo, ¿cómo evitar que algo así vuelva a producirse dentro de unos meses? Son tres preguntas que los responsables de la Consejería de Asuntos Sociales tienen encima de la mesa y a las que deben dar respuesta antes de poner nuevamente en marcha ese servicio para conseguir que la totalidad del dinero público destinado a esta iniciativa cumpla el objetivo para el que es presupuestado.
Es cierto que la Administración tiene obligación de velar por la buena gestión de los recursos que los contribuyentes ponemos en sus manos, pero no es una responsabilidad que le corresponda en exclusiva. Los ciudadanos, los beneficiarios de los servicios públicos, también debemos dar muestras de sensatez y de sentido común a la hora solicitar prestaciones. No debemos dejar de pensar que aquello que nos puede resultar gratis no deja de costar dinero que hay que pagar de una u otra manera. O que para que un servicio resulte más asequible, alguien debe hacerse cargo del esfuerzo económico de abaratarlo. En muchas ocasiones, ese esfuerzo corre a cargo de la Administración pública, que cuenta con un presupuesto limitado y que por ello no tiene más remedio que dar preferencia a unas áreas y postergar otras consideradas menos prioritarias. De ahí la necesidad de evitar que el 33% de las plazas de los comedores de verano vuelva a quedar vacío.
