Aunque el 15 de diciembre, 21 trabajadores por Obra y Servicio lograron la estabilidad firmando para tiempo indefinido, el SEPE no da validez legal al contrato e insta a realizar uno con fecha de caducidad Cuando el domingo 16 del presente mes, la Administración local daba un paso más, dando el visto bueno a que los contratos no tuvieran fecha de finalización, los trabajadores del convenio de inmigración festejaban haber logrado la estabilidad laboral.
Pero una llamada, ayer a primera hora, invalidaba el contrato, toda vez que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "no haya permitido establecer el mismo por un periodo indefinido", tal y como explica el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez.
Asimismo, el consejero, quien asegura entender la desilusión que pudieran tener las 21 personas que se han visto afectadas por este cambio e inconveniente de última hora, remarca que "no se trata de una cuestión de voluntad sino de legalidad, porque debemos de tener en cuenta que la voluntad del Gobierno en ayudar a estas personas y en que trabajen por tiempo indefinido es manfiesta desde el primer momento pero, ahora bien, lo que jamás puede hacer el Gobierno es actuar fuera de la Ley y el SEPE no ha dado validez a las condiciones firmadas con la mejor de nuestras intenciones, de modo que hemos tenido que buscar otro camino".
La vía de la que habla Martínez es la elaboración de un nuevo contrato mediante, una vez firmado, los trabajadores pasarían a realizar trabajos por obra y servicio por un periodo definido, siendo en concreto su fecha de conclusión, el 31 de diciembre del próximo año 2013.
No obstante, el consejero señala que "el compromiso del Gobierno es seguir buscando fórmulas para buscar una vía legal en aras de que los 21 trabajadores a los que nos referimos puedan prestar su servicio de manera permanente, una cuestión que además de agradarnos entendemos que sería muy útil, pues son personas que hacen un trabajo muy importante, de ahí que procuraremos hacer lo máximo posible para que pueda ser con carácter indefinido pero siempre dentro de la legalidad", remarcó Martínez.
Respecto a los trabajadores afectados, cabe destacar que parte del convenio de inmigración (otra parte se encuentra fuera de Ceuta y no se ha manifestado) se siente "desilusionado y perdido por no saber qué hacer", según ha podido saber 'El Faro'. Así, estas personas señalan que "el ayuntamiento no ha cumplido su palabra y ha actuado de mala manera al avisarnos con tan poca antelación pues nos dicen que el nuevo contrato tiene que ser firmado mañana o ya no será posible y esto cuando hay personas implicadas que se encuentran fuera de Ceuta y fuera de España".
Sobre el convenio de inmigración es preciso además señalar que nació por la colaboración entre el Estado y la Ciudad y cada una de las partes aportaba una cuantía. Pero con el paso de los años la Administración local ponía cada vez más hasta llegar al último año, cuando el Estado anunció que dejaba de aportar su parte a este convenio. Por ello, la Ciudad se ha hecho cargo de mantener este servicio buscando la fórmula para que estos empleados continúen trabajando. Éstos se mantienen en el Convenio Único.
Ahora los trabajadores regresan a la incertidumbre, siempre y cuando firmen mañana, y no terminan de encontrar una estabilidad laboral debido a que tendrán que renovar cuando finalice el ejercicio. No obstante, se espera que el Ejecutivo local vaya incluyendo en los presupuestos de la Ciudad la partida para mantener a estos trabajadores y así las labores que realizan, y de hecho para los del próximo año ha previsto una cuantía de unos 850.000 euros, "aunque", para concluir, "no podemos saltarnos el marco de la legalidad por muy buena que sea nuestra intención", concluye Martínez.
