La aseguradora acepta la responsabilidad civil y el acusado una pena por un delito contra la seguridad vial.
La figura jurídica de la conformidad sirvió ayer para alcanzar un acuerdo cerrando así, penalmente, la dramática historia que ha rodeado a las familias de Gema Pérez y Leonor Díaz, tras ser atropelladas, el 24 de enero de 2015, muy cerca de la Comandancia de la Guardia Civil. Las amigas cruzaban un paso de peatones cuando fueron atropelladas por un conductor que, tras realizársele las pruebas oportunas, dio positivo en consumo de benzociazepinas, lo que le podía mermar su capacidad de conducción.
El acusado aceptó la imposición de una pena de 9 meses de prisión al hacerse criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, en concurso con dos delitos de lesiones ocasionadas por imprudencia grave.
A esta pena se le añaden dos años y seis meses en los que no podrá conducir, además de la retirada del permiso. Para poder ponerse de nuevo al volante, tendría que volver a sacarse el carné.
El vehículo que conducía aquella tarde pertenecía a un familiar directo del acusado, que figuraba como responsable civil subsidiaria. Al tener seguro, será éste el que garantice la cobertura de todos los gastos derivados y asuma el pago de la oportuna indemnización. Esta no fue acordada en el día de ayer puesto que las dos jóvenes que resultaron lesionadas todavía están sanando de los golpes y sus consecuencias, por lo que hasta que se concreten todos los gastos no se podrá fijar la cantidad final que se determinará en ejecución de la sentencia.
Debido al golpe recibido, Gema sufrió un traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, fracturas además de complicaciones pulmonares. Tuvo que ser evacuada a la península y sufrió varias operaciones, siendo sometida a un tratamiento médico complejo. Gema ha sufrido importantes secuelas y aún tiene pendiente que se le realice una craneoplastia y la posterior rehabilitación que se derive.
Leonor, su amiga, sufrió lesiones en extremidades para las que también necesitó curación y aún sigue pendiente de sanación.
Año y medio después del accidente, se pone el cierre judicial a este asunto sin que se haya tenido que celebrar juicio al existir una conformidad previa entre las partes. Un acuerdo con el que se ha buscado cerrar una etapa dramática, poner el punto y final a un suceso que ha terminado por cambiar las vidas no solo de las afectadas sino también de sus propias familias.
Los tratamientos retirados y el disgusto familiar
Gema necesita recibir sesiones del logopeda, de la neuropsicóloga y del fisioterapeuta. Cada mes recibe hasta 8 sesiones de cada uno de estos profesionales, que forman parte de su rehabilitación. Tal y como constan en los informes médicos, los necesita para intentar recuperar en parte la normalidad de su vida. El disgusto de la familia de Gema llegó al conocer que los gastos derivados de estos tratamientos no van a ser asumidos por la aseguradora, al considerar que no forman parte de su responsabilidad. Ellos van a pelear porque así sea, porque los tratamientos que tiene que recibir Gema son claves para poder recuperarse y la familia carece de recursos para poder afrontar esos gastos. Por eso, aunque se haya sellado una conformidad con la que poner fin a lo que ya constituía toda una pesadilla para las lesionadas, aún queda mucho por pelear para que se reconozcan todos los tratamientos médicos requeridos por las afectadas.
La historia de Gema y Leonor saltó a los medios de comunicación por las consecuencias tan dramáticas del atropello. Ayer, en los pasillos del juzgado, el propósito era terminar judicialmente con un proceso que, en sí, constituye un amargo episodio para el recuerdo.
