Son casi 200 los inmigrantes que integran el colectivo argelino que vive en el CETI. Hombres, en su mayoría, que cruzaron la frontera y que llevan bloqueados, en alguno de los casos, hasta dos años en nuestra ciudad. Su número ha aumentado considerablemente al igual que su situación de bloqueo sin que se les dé una explicación convincente. La administración no está respondiendo como debe, no está a la altura de unas circunstancias que, en cualquier momento, se les pueden ir de las manos. Porque no se puede permitir que haya inmigrantes retenidos en una ciudad a los que no se les da una solución, impidiendo que marchen a la península, negándose sus salidas e incumpliéndose sentencias que concluyen que es ilegal vetarles su derecho al tránsito cuando sus solicitudes de asilo han sido admitidas a trámite. Esta situación, además de no tener fundamento, es mala para ellos, porque es injusto y va contra las recomendaciones cursadas por el propio Defensor del Pueblo. Pero también es mala para la propia ciudad, que no puede respetar las mínimas garantías de protección para todos ellos. Ya empiezan a aparecer consecuencias derivadas de este bloqueo, como las travesías que muchos de ellos intentan llevar a cabo metidos en barcas de plástico en las que pueden terminar perdiendo la vida. Ha habido varias intervenciones en las que se ha abortado una salida que, de haber fructificado, habría terminado en tragedia. Con este tipo de situaciones se está alimentando la delincuencia que se nutre de estas personas y que ayer dejó buena muestra en la paliza sufrida por dos de estos inmigrantes. El colectivo protesta porque se siente discriminado ante las salidas a la península que solo protagonizan los subsaharianos. Esta situación está generando unas rencillas importantes entre ambos grupos que ya se han traducido en enfrentamientos graves. Ante esto lejos de ponerse soluciones se sigue mirando hacia otro lado, como que el problema no fuera con nosotros.
Es un error mayúsculo, del que quizá tengamos que lamentarnos.