Los recientes sucesos de Estepa asombran no tanto por lo relativo al orden público, por la quiebra del orden público, como por la perfecta e inquietante analogía que trazan con lo que sucede en el resto del país: un clan de chorizos se adueña del pueblo, se hincha a robar a la gente con total impunidad, el vecindario se amotina ante la inacción de las autoridades,
y éstas le dicen que se esperen a ver lo que dice la Justicia mientras le siguen saqueando. Así pues, de entrada, no es el vecindario, la ciudadanía, quien quiebra el orden al salir a la calle, indignada y levantisca, en defensa de aquello que le pertenece, sino que ese orden estaba hecho añicos previamente, desde que los chorizos y las autoridades laminaron, con su cleptomanía y su dejación respectivamente, el derecho, la libertad y la seguridad de las personas.
Los miembros del Clan de los Chorizos son gitanos, pero no convendría situar el caso en los territorios del racismo, por mucho que algún ribete de él inevitablemente se cuele: lo que suscita el rechazo del pueblo no es el color de su piel, tan semejante, por lo demás, a la del común de los esteperos, ni su procedencia remota, ni su pertenencia al grupo más estigmatizado y perseguido históricamente, cual acredita el hecho de que el grueso de la propia comunidad gitana abomina de las actividades del clan, sino, lisa y llanamente, que roben a dos manos a los que poco tienen, lo que, a su vez, sitúa a la población, descarnadamente, ante su desamparo.
En España actúa un Clan de los Chorizos a lo bestia, pues se refugia en la salvífica “legalidad” que él mismo se inventa e impone. Deja el recurso a la Justicia, a una precarizada y lenta administración de justicia que, como denuncian todas las asociaciones de jueces, puede ser todavía más inane si prospera la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón: reforzaría aún más, dicen los jueces, la impunidad de los políticos, del clan. Si toda tropelía de éste es ya “legal”, el robo de los ahorros, el timo de las hipotecas, el nepotismo brutal del Tribunal de Cuentas, las corporaciones locales no electas, los sobres, el traspaso de los bienes públicos a las manos privadas, con esa reforma el desafuero devendría en sagrado. De momento, la gente de Estepa ha dicho basta.
