El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) donde Ceuta está presente y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) están desplegando una intensa campaña de incidencia apolítica ante el Parlamento, la Comisión Europea y los Estados miembro de la Unión Europea para que en la regulación europea sobre contratación pública, en proceso de revisión en estos momentos, quede garantizada la prestación de servicios públicos por parte de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, entre ellas las de la discapacidad.
La Unión Europea se halla inmersa en estos mese en la modificación de las Directivas sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, que datan de 2004. La reforma tiene como objetivos prioritarios incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de relación calidad y precio, así como permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
Aprovechando este cambio normativo, la representación de la discapacidad española y europea ha planteado distintas propuestas para que la futura regulación incluya expresamente cláusulas que favorezcan los objetivos de inclusión social de los grupos ciudadanos más vulnerables, como son las personas con discapacidad.
