Lamentan que la nueva regulación de las medidas de seguridad discrimina a determinadas personas con discapacidad, perpetuando el estigma y asociándolas a peligrosidad y delincuencia. Por ello, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del que forman parte las entidades que luchan por mejorar la calidad de vida de estas personas en Ceuta, se ha dirigido a los Grupos Parlamentarios del Congreso pidiendo que presenten enmiendas para evitar la grave regresión para los derechos de las personas con discapacidad que contiene el proyecto de ley de reforma del Código Penal, remitido por el Gobierno. Lamentan que “esta reforma penal modifica la regulación actual de las medidas de seguridad que se aplican a quienes han cometido un delito pero no son responsables penalmente al no ser imputables, entre los que pueden encontrar personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, entre otras”.
Puntos de la reforma
En un comunicado han explicado que hasta ahora, estas medidas de seguridad, cuando eran privativas de libertad, no podían tener más duración de la que correspondería al delito cometido si la persona inimputable hubiese sido juzgada como penalmente responsable. El cambio normativo que pretende introducir el Gobierno elimina ese límite temporal máximo, introduciendo una enorme inseguridad e incertidumbre que perjudica a la persona con discapacidad, que podría sufrir una privación de libertad superior a la que correspondería a quien sí ha cometido un delito y es responsable penalmente del mismo.
Además, otro elemento enormemente preocupante de la reforma es la invocación de la peligrosidad social, elemento jurídico indeterminado, propio de regímenes autoritarios, que presume que determinadas personas o grupos sociales son potencialmente peligrosos para la convivencia.
