El cerco al taxi ‘pirata’ inmoviliza en dos años 56 vehículos

La escena aflora a diario en puntos clave de la ciudad y arrastra su sombra ilícita desde hace décadas.

Vehículos estacionados en lugares estratégicos como la frontera, el entorno del hospital y, por encima del resto, la estación marítima, el gran foco del negocio irregular. Con viajes concertados de antemano u ofreciéndose a plena luz del día, los taxistas piratas buscan clientela al margen de toda legalidad y hurtando negocio, euro a euro, al sector homologado, el que opera porque cumple las estrictas condiciones que impone la Administración local antes de colocarse al volante y que, sobre todo, paga de forma escrupulosa sus impuestos. La Policía Local –también la Portuaria en las instalaciones de su competencia– estrecha desde hace años el cerco sobre ellos, pero erradicarlos se torna misión titánica porque la picaresca suele encontrar mil recovecos en los que camuflarse. Pese a esa habilidad para sortear y esquivar la persecución, los transportistas ilegales lo tienen cada día más difícil y el control al que los someten los agentes da sus frutos. Sólo en los dos últimos años, los datos de la Vicepresidencia Primera de la Asamblea arrojan un balance de 56 actuaciones favorables, que se traducen en otros tantos expedientes cerrados con sanciones a los piratas implicados. Eso conlleva, en todo los casos, una sanción económica y la retirada del vehículo durante tres meses, en el caso de una primera infracción, y de el doble si el acusado es reincidente. El traslado y estancia del vehículo en el depósito municipal corre también por cuenta de éste. Esa batalla contra la actividad ilícita reportó a las arcas de la Ciudad en el último bienio un total de 100.635 euros. Es el montante global de las 56 sanciones firmes tramitadas, a razón de 1.503 euros en 45 de los casos y, un escalón por encima, los 3.000 euros con los que se castigó al resto. A lo largo de 2014 se recaudaron 37.557 euros, por debajo del ejercicio anterior, el de 2013, que fue mucho más fructífero. Ese año la persecución del transporte ilegal de personas y mercancías logró recaudar 63.078 euros. La cifra se incrementará porque la Vicepresidencia que dirige Adela Nieto, el órgano que ostenta las competencias sobre el sector del taxi, debe aún resolver otros seis expedientes abiertos entre enero y diciembre el pasado año y que están aún en fase de incoación y resolución. Detrás de cada una de esas sanciones hay horas y horas de investigación. También de persecución, de observación y de habilidad para sorprender al infractor in fraganti, porque la línea que separa a un transportista pirata de alguien que se hace pasar por un simple conductor que dice recoger en la estación marítima a un amigo cuando desembarca es demasiado fina. Tanto, que el recurrente argumento de “yo sólo llevo a su casa a este amigo” suele convertirse en tabla de salvación a la que se aferran los piratas cuando la Policía golpea su cristal. Para que quede demostrada la ilegalidad, los agentes deben poder demostrar que la carrera se ha realizado con contraprestación económica –sorprender al falso taxista en el momento de cobrar el precio acordado al usuario– y, además, el viajero debe cooperar reconociendo su implicación. Si alguna de esas pruebas se esfuma, la acusación puede desmoronarse como un castillo de naipes. Cuando los indicios cuadran se pone en marcha una maquinaria administrativa que con toda probabilidad acabará en sanción: multa e inmovilización del vehículo hasta cumplir los tres o seis meses que determine el expediente. La picaresca vuelve entonces a aparecer: fuentes oficiales aseguran que un porcentaje de quienes sustentan la actividad ilegal se deshacen del automóvil, bien vendiéndolo o incluso abandonándolo. En el caso de los reincidentes, la Policía aumenta el control y los somete a una vigilancia especial. Sólo en el periodo 2013-14 fueron sancionados once conductores que ya habían sido castigados con anterioridad por idéntico motivo. En un caso u otro, haya o no reiteración, sobre los taxistas piratas recae el peso de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto-Taxi), revisada y en vigor desde 2006. Para los trabajadores del sector, los legales, es una auténtica Biblia que marca, al milímetro, las obligaciones de cada uno de los empleados, desde cómo traspasar una licencia hasta los rótulos que pueden o no figurar en el vehículo. Unas normas que los piratas puede que ni siquiera sepan que existen.

La mayoría llega desde Marruecos

 El perfil no es uniforme, pero fuente oficiales aseguran que un tanto por ciento muy elevado de los conductores sorprendidos ejerciendo como taxistas ‘piratas’ llega desde el otro lado de la frontera. Atraviesan el Tarajal a diario, aprovechando el trayecto hacia Ceuta para introducir también mercancías o por contra con el único objetivo de amasar euros ejerciendo de transportistas ilegales. La Policía Local también ha identificado en los dos últimos años a residentes en Ceuta, aunque en menor número, y a marroquíes que vivían en la Península y a los que el desempleo aconsejó hace tiempo retornar a la ciudad. Unos y otros son quienes lanzan anzuelos a clientes o incluso gozan ya de ‘usuarios’ fijos.

La Ciudad avisa de que no bajará la guardia

Golpeados por la crisis y por obstáculos como los continuos colapsos en la frontera, el sector del taxi trasladó hace tiempo a la Ciudad que la competencia desleal y fraudulenta de los transportistas ‘piratas’ estaba lastrando sus ya maltrechas cuentas de resultados. La Administración local ha intensificado la persecución y avisa de que no bajará la guardia en la defensa de un gremio que considera clave para garantizar un servicio de transporte público eficaz. El propio consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira, defendió el jueves la gestión de la Vicepresidencia Primera de la Asamblea (en la imagen, su titular, Adela Nieto) y aludió, precisamente, al balance cosechados en el último bienio.