El aumento de detenidos provoca una avalancha de asuntos judiciales

El aumento en el número de detenidos (hay días en los que se supera de forma amplia la treintena) está teniendo su repercusión directa en el sistema judicial y, en concreto, en las guardias que se realizan. Los efectos de la crisis y el aumento de los detenidos procedentes del norte de Marruecos, que previamente han sido expulsados tras cometer actos delictivos en la península en virtud de sentencias judiciales dictadas, tienen mucho que ver en el resultado delincuencial finalmente alcanzado.

Aplicando la ‘cuenta de la vieja’, a mayor volumen de detenidos con igual número de funcionarios en la plantilla judicial sólo se alcanza un resultado posible: que hay mayor presión laboral. Lo que antes podía ser excepcional ahora se ha convertido en rutinario, con lo que las jornadas laborales en las guardias se están convirtiendo en “insoportables”. Eso bien lo saben los funcionarios del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 que, en su totalidad, han firmado un escrito con el que reclaman la ampliación de la plantilla. Lo han hecho ahora y ya lo hicieron en enero de este año. La callada ha sido hasta el momento la única respuesta.
Los delegados de CCOO en Justicia han apoyado esta reclamación, presionando, también por su vía, para que se atiendan las reclamaciones de los afectados. Lo que defienden unos y otros ha topado, de momento, contra un muro. Consideran  “necesario e imprescindible” la ampliación de la plantilla en el servicio de guardia. “Desde hace ya muchos meses los juzgados de instrucción están sufriendo una avalancha de asuntos y detenidos en la semana en la que se encuentran de guardia, lo que hace que sea prácticamente insoportable la jornada laboral, ya que la Orden 1417/2003 de 3 de junio regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia del personal al servicio de la administración de Justicia, y  determina que la plantilla estará formada por un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, dos tramitadores procesales y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, además del secretario judicial, forense y magistrado juez”, denuncian. Qué ocurre, que dicha plantilla no puede hacer frente a la situación que se está produciendo.
“Al elevadísimo número de causas penales que se tramitan durante esta semana”, advierten, “hay que añadir las agotadoras jornadas, en las que la plantilla tiene que atender un número de detenidos que excede con creces nuestras posibilidades, debiendo dedicar toda la semana única y exclusivamente a la guardia, habiendo días (casi todos) que se superan los 25 detenidos, a los que además hay que sumar otros servicios que se prestan en la guardia tales como atención al publico, celebración de juicios de faltas, recogida de denuncias, recogidas de firmas de presentaciones apud-acta, expedientes gubernativos autorizando traslados a Centros de Internamientos de Extranjeros, etcétera... además de atender a publico y profesionales en general, lo que deviene imposible con la plantilla ordinaria sin un menoscabo del servicio y de la atención a los ciudadanos”, señalan los afectados. La situación excepcional que se vive no se ha materializado en cambio alguno. Con más de 30 detenidos, la situación es bien distinta a la que se estilaba con la mitad. “Hemos de hacer constar”, recuerdan, “que en ningún momento se ha certificado y autorizado un número mayor de funcionarios en el servicio de guardia, cuando el número de detenidos puestos a disposición era inferior a doce”, indican.
La plantilla, con 3 gestores procesales, 4 tramitadores y un auxilio judicial, es adecuada al número de asuntos que se tramitan en el juzgado, salvo en las semanas de guardia en las que hasta el mismo magistrado juez ha concluido en un informe que “no se da abasto, siendo salvadas por el gran compañerismo que existe en la plantilla, colaborando todo el personal aunque no le corresponda ni vaya a cobrar dicha guardia”.

La única respuesta de la Gerencia, para evitar el pago

Las quejas por el colapso que sufren los juzgados y de los que son víctimas todos los ciudadanos en general no han sido atendidas por la Gerencia Territorial, a pesar de haber recibido escritos de funcionarios o de los propios delegados sindicales advirtiendo de la problemática. Desde CCOO se ha solicitado la ampliación de la plantilla obteniendo una única respuesta por parte del gerente: que se justifique con un informe las cargas de trabajo, el volumen ordinario e, incluso, el absentismo. Son excusas éstas que pueden y deben ser controladas por la Gerencia ya que tiene sus propios medios. Una justificación que viene dominada por el abono económico de los servicios y el gasto consignado para las guardias. Según CCOO la orden que regula este tipo de servicio de guardia, se quedó obsoleta por lo que se ha solicitado en varias ocasiones la urgencia de una mesa de negociación.

Delincuentes asentados en la zona norte

El número de detenidos que llegan a diario a los juzgados de guardia, bien presentados por Guardia Civil, bien por la Policía Nacional, se ha disparado. La plantilla que integra esas guardias debe hacer frente, con el mismo personal, a una mayor presión. Es por ello que se reclama la ampliación de una plantilla que, tanto trabajadores como los propios representantes sindicales, consideran que está más que justificada. ¿Pero y desde el punto de vista policial? También aquí cabe una explicación a todo este revuelo que se está organizando.
Las expulsiones de marroquíes juzgados en la península y cuya pena se sustituye por su retorno a Marruecos durante un periodo concreto se llevan a cabo por Ceuta. Esto provoca que esos individuos expulsados terminen asentándose en la zona norte y buscan su entrada en la ciudad autónoma por el Tarajal como forma de ganarse la vida. Estamos ante una importante bolsa de potenciales delincuentes que van a utilizar un paso fronterizo obsoleto, frecuentado por más de 30.000 personas al día, y en el que los controles se hacen como pueden, buscando el no generar un colapso que levantaría las críticas airadas de uno y otro lado.
Uno de estos delincuentes en potencia puede entrar en la ciudad con el pasaporte de otro individuo con el que tenga cierto parecido o con una más que aceptable falsificación. Su entrada en Ceuta tendrá como única finalidad la del delito. Conforman una bolsa importante dentro del grueso tan elevado de arrestos que se están llevando a cabo y que provocan guardias semanales con hasta 135 detenidos.
Reclamar una mayor plantilla para esas guardias es considerada como “necesario” ya no por la salud de los afectados sino también para ayudar a descongestionar el juzgado de guardia durante el tiempo de servicio para que se pueda ofrecer una mejor calidad en la atención pública.
La propia Jefatura Superior ya había advertido del aumento notable de detenidos en los primeros meses del año, estimaciones que también han sido compartidas por el propio Instituto Armado.

Josefa Vilar dice que se debe controlar al que se da de baja

La secretaria de Gobierno de Justicia en nuestra ciudad, Josefa Vilar, indica acerca de la acumulación continuada de bajas en el juzgado número 4, situación que repercute en los usuarios pero también en los trabajadores que permanecen desempeñando a diario y honradamente su labor, que “cada uno tenemos que responsabilizarnos de la parte que nos toca, de ahí que si advertimos y comprobamos actuaciones que puedan ser constitutivas de alguna sanción, porque supone la infracción de una norma, y esto lo traduzco en que puede ser constitutivo de abrirse un expediente disciplinario, pues tendremos que decirlo y una vez que se denuncie deberá ser el Ministerio de Justicia, ni siquiera Gerencia, el que deba llevar a cabo la apertura de expedientes”.
Asimismo, Vilar, que insiste en que “cada parte tiene unas competencias determinadas”, considera “importante” hacer una diferenciación en la categoría laboral del trabajador de baja, “la relativa a si el funcionario es titular,  y se ha acogido a la mutualidad judicial, o si se trata de un funcionario interino, y que por tanto se ha acogido a la Seguridad Social”.
La responsable de Justicia en la Ciudad considera “esencial” que se incremente el control médico “para determinar si el funcionario que esté de baja, realmente se encuentra en mal estado porque se han dado casos en los que cuando a alguien se le ha dicho que su trabajo no está bien hecho o que no saca adelante el trabajo que tiene encomendado, al día siguiente o incluso en el transcurso del mismo día, ya se ha registrado como baja”.
Regresando a la condición del funcionario, Vilar añade que “los interinos tienen que ser controlados por la Seguridad Social y que los titulares han de ser revisados por la mutualidad judicial”.
Sin embargo, Vilar considera que Ceuta vive una situación de déficit “porque no conozco que haya inspectores en Ceuta, algo que en su día esto se puso en conocimiento de la Gerencia, y como la Gerencia tiene la competencia en materia de personal supongo que como siempre suele hacer y en esto no puedo decir que haya nunca dejación, se lo comunicará a su vez al Ministerio”.
“Es necesario que se establezca un control de las bajas, sean titulares o interinos”, prosigue Vilar, “que haya una regulación en la que se recoja el expediente de idoneidad porque se dan casos que no se pueden regular, regulación que hasta la fecha no existe y que por otra parte se negocia o han sido negociadas por sindicatos y Ministerio”, rememora.
Además la secretaria de Gobierno de Justicia asegura que “el nuevo equipo del Ministerio y al propio Gallardón conocen la situación y que sería preciso una nueva regulación de la bolsa de interinos, cuestión que está pendiente pero que seguro que se afrontará en breve, porque así nos lo ha puesto de manifiesto el equipo de Gobierno”.
Respecto a abrir expedientes a aquellos trabajadores que estén abusando de unas bajas mal tomadas, Vilar  reconoce que  “hasta la fecha no  se han abierto pese a que me consta que Gerencia ha comunicado alguna vez ciertas actuaciones  al Ministerio”.