El asunto de los mena

Los menores extranjeros no acompañados, a los que habitualmente nos referimos como mena, vuelven a ser un asunto de actualidad. Los presidentes de varias barriadas se reunieron ayer para poner este problema encima de la mesa, que desde su punto de vista se traduce en inseguridad en las calles. Algunos de estos menores, aseguran, están detrás de muchos hechos delictivos que ocurren en la vía pública. Ésa es su percepción o la que les trasmiten los vecinos a los que representan. Y exigen que estos niños y adolescentes no deambulen día y noche por las calles sin control ninguno.

Al margen de si estos menores tienen más o menos relación con los sucesos que señalan y si, por lo tanto, generan inseguridad, es cierto que no deberían deambular por la ciudad de un lugar a otro sin el control o la supervisión de un adulto o de un responsable de la institución que tenga asignada su tutela y custodia. No hay que olvidar que estos menores son niños y adolescentes a los que nuestra legislación les garantiza unos derechos, como a cualquier otro menor que se encuentre en nuestro país con independencia de su nacionalidad, de sus condiciones familiares o de sus circunstancias personales. Son unos derechos que España garantiza aunque se trate de una problemática que sobrepasa las fronteras nacionales. En realidad, es un complicado asunto que incumbe directamente a Marruecos, aunque lo habitual en las autoridades del país vecino es que  se desentiendan por completo. Se echa en falta su colaboración para abordar el asunto, casi tanto como la cooperación de las instituciones europeas para abordar un problema que no es específico de nuestro país. Al igual que ocurre con la inmigración ilegal (los mena son una de sus variantes), la solución no corresponde sólo a las autoridades españolas, aunque sea un asunto que tiene como escenario nuestro territorio nacional.
La problemática de los mena exige que se adopten medidas urgentes, sobre todo porque estamos hablando de niños y adolescentes extranjeros no acompañados, a los que les asisten unos derechos y que, como cualquier otro menor, deben estar amparados y protegidos. Y, también como cualquier otro menor, deben asumir la responsabilidad de sus actos en la medida que exige la ley, pero de manera individual y sólo si se demuestra que son autores de los hechos que se les imputan, como garantiza nuestro sistema judicial.