La Ley de Seguridad Ciudadana es otra de las enhiestas demostraciones dictatoriales del Gobierno frente a un pueblo que permanece atrapado en un sopor virulento. Las medidas previstas por dicha ley certifican que el compromiso del actual Ejecutivo con respecto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos es mínimo, si no nulo. Si ya de por sí considero una aberración para la libertad de información y, sobre todo, un ataque hacia la defensa del ciudadano que no se permita grabar a las fuerzas de seguridad actuando, valoro aún peor que se compare esta infracción (“muy grave”) con el deslumbrar al conductor de un metro, tren o avión, o con la delirante decisión de invadir la pista de un aeropuerto cuya actividad es periódica. La razón es sencilla: de esta manera se equiparan actos que pueden generar verdaderos accidentes con la posibilidad de que la ciudadanía y el periodismo puedan ser reguladores de los cuerpos que, en teoría, velan por la seguridad del pueblo.
Sería profundamente dramático que a las inmensas prerrogativas que poseen dichos cuerpos se sumara la de ni siquiera poder obtener una prueba de sus acciones, en muchos casos negligentes, como se ha ido demostrando en todos los periodos históricos desde que existen estos escuadrones de baja cualificación académica. El último caso sonado del panorama nacional (sucedido, curiosamente, durante este mes) fue la paliza que ocho Mossos d’Esquadra endosaron a un empresario del Raval, el cual pereció pocas horas después. Lamentablemente, el destino alineará los astros para que la suavidad de la Justicia española actúe, sin olvidar la postrera amnistía de la recámara que puede acudir al rescate si el proceso sale peor de lo esperado. No puedo sino sentirme decepcionado, muy decepcionado, al contemplar cómo las personas mundanales no gozan de la misma fortuna para invocar el mencionado alineamiento “esporádico” de los astros que les iguale.
La citada no es la única barbaridad que la Ley de Seguridad Ciudadana prevé, pero creo que, tras su mención, comentar el resto de infracciones sobra. Desde mi punto de vista, no era necesario llegar al contenido explícito de dicha ley para considerar el conjunto como la confirmación de un retroceso democrático alarmante, puesto que el eliminar la mayor parte de las infracciones penales tipificadas como faltas para sustituirlas por infracciones administrativas era suficiente para rememorar tiempos añejos de cazas impías. En cualquier país democrático del primer mundo, tan solo una decisión gubernamental que condicionara gravemente los principios esenciales de los derechos ciudadanos habría desembocado en movimientos sociales de una presión insostenible. En cambio, en España todos nos damos a la queja pero a la mayor parte de nosotros no se le ocurre ni siquiera poner un pie en la calle para demostrar el descontento que le debe suponer que violen parte de lo que le pertenece tan íntimamente como la vida misma.
Nuestra indolencia práctica está contribuyendo, de forma determinante, a que el poder natural del Ejecutivo supere los principios sociales democráticos y alcance el histriónico concepto de “cratocracia” con una facilidad inusitada. Llegados a este punto, sólo los hechos pueden ayudar. Las palabras no son más que sonidos que se pierden en el aire, tinta malgastada o letras perdidas en el agujero negro que es Internet.
