Tan solo 24 horas después del apedreamiento contra la guardería San Ildefonso, los trabajadores del centro se volvían a convertir en objeto de otro ataque que, esta vez, quedó en un mero intento. La intervención de los componentes de las Brigadas Cívicas fue clave para evitarlo, impidiendo así que se procediera al traslado de contenedores hacia la puerta del inmueble para después prenderles fuego. La sensación de inseguridad ha provocado el hartazgo de los trabajadores de la guardería, convertida en una mera excusa buscada por los autores de las algaradas para forzar la llegada de la Policía y apedrearla.
El Área de Menores ha mostrado su preocupación por lo que está pasando y de hecho ha solicitado mayor presencia policial por la zona en reclamaciones trasladadas tanto a la Jefatura Superior como a la Consejería de Gobernación. Si bien han agradecido la intervención de las Brigadas Cívicas para que no volvieran a repetirse los hechos, han solicitado, dado el cariz de los acontecimientos, que se garantice una mayor presencia de agentes por esta zona. La Policía Nacional, por su parte, puede garantizar la seguridad en la calle pero no dentro de los centros, por lo que está trabajando conforme a su plan de actuación hasta el límite que tiene encomendado por ley.
Los últimos ataques sufridos por el centro San Ildefonso han sido de los más graves, ya que se llegó a arrojar cócteles molotov, además de proferirse insultos contra los funcionarios que están encargados de la atención y cuidado a los niños allí acogidos. Quienes están protagonizando este tipo de conflictos –se sospecha que la gran mayoría son menores– pretenden llamar la atención de las fuerzas de seguridad y buscan, aporreando la puerta del centro, infundir el miedo entre sus trabajadores para que llamen a la Policía, tendiéndoles así una emboscada.
El sindicato Comisiones Obreras, que ha denunciado los hechos, tal y como ayer publicó El Faro, ha remitido ya un escrito a la Fiscalía de Menores para instarle a adoptar medidas orientadas a paliar esta quiebra de la tranquilidad. “Como garante de los derechos de estos menores tutelados, hemos pedido a la Fiscalía que actúe de la forma que considere más conveniente para asegurar la integridad física y moral de los mismos, a fin de evitar consecuencias que pudieran resultar irreparables”, señala en un comunicado el secretario general de FSC-CCOO, Emilio Postigo. El sindicato teme que se reproduzcan nuevos ataques de esta clase contra dichas instalaciones y que se pueda llegar a producir daños en los menores.
En el último mes se han producido varios ataques justo al lado de la guardería; ataques que se llevan a cabo para atentar contra las fuerzas de seguridad pero que son padecidos directamente por los trabajadores y los menores tutelados. Los gritos, el humo, el lanzamiento de material antidisturbio o las amenazas afectan también a estos niños que deben soportar esa situación de presión. Los vecinos del Príncipe siempre han respetado y defendido la labor que se presta en San Ildefonso, pero existe un grupo de vándalos que está provocando la quiebra de esa seguridad atacando a lo que ya es una institución en la barriada.
