Los ceutíes no pueden saberlo y el plan de acción de la Agenda 21 establece la puesta en marcha de una estación de seguimiento de la calidad del aire. El Centro de Proceso de Datos está en ello y los ecologistas urgen la medida
La contaminación atmosférica provoca cada año unas 370.000 muertes prematuras en la UE, 16.000 de ellas en España, según recuerda la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. En Ceuta no hay plantas industriales, que es una de las principales culpables de la contaminación. Pero sí hay mucho de las otras dos causas: una central térmica y mucho tráfico.
“El parque automovilístico en Ceuta es importante y la aglomeración urbana es evidente”, explican desde Septem Nostra convencidos de que jugamos con ventaja respecto a otras regiones por las condiciones geográficas “al tener un régimen de aire que hace complicado que exista una capa de smoke constante sobre nuestras cabezas”. Aún así, existe contaminación y “hay ciertas zonas en que las tasas quizá sean más preocupantes pero vamos a tientas, porque no existen mediciones pese a que es relativamente sencillo llevarlas a cabo”. De hecho, dentro del Plan de Acción de la Agenda 21 de Ceuta se destaca como uno de los objetivos la adecuación y puesta en funcionamiento de la infraestructura existente para el control y medida de la calidad del aire en cumplimiento de la normativa establecida. La legislación internacional, comunitaria y estatal obliga a enviar periódicamente datos validados y actualizados sobre la calidad del aire de las ciudades por lo que “resulta urgente crear esa infraestructura para cumplir con las obligaciones”.
José Manuel Pérez Rivera, presidente de Septem Nostra y uno de los responsables de Agenda 21, explica que desde el Centro de Proceso de Datos de la Ciudad se ha informado de “la voluntad de la puesta en marcha de estos sistemas de medición en el menor tiempo posible”. La iniciativa, que se lleva a cabo en el resto de ciudades del país, permitiría controlar las variables como la concentración de ozono o el dióxido de nitrógeno.
Para Septem Nostra, la medida es necesaria ya que existen zonas como puede ser la barriada de Estación de Ferrocarril donde “hay una contaminación permanente y no estaría de más la realización de estudios más concretos y la ubicación de los paneles informativos”.
Maquillar la realidad
Y mientras en la ciudad autónoma se espera aún por estaciones de medición y por paneles informativos, en otros lugares ya hacen trampas al respecto. El fiscal coordinador del área de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha iniciado una macroinvestigación para comprobar si las grandes ciudades españolas están maquillando sus índices de contaminación. Al menos Barcelona, Sevilla y Valencia, además de Madrid, ya estarían siendo vigiladas. Se acusa al Ayuntamiento de Madrid de disfrazar la contaminación de la capital cambiando las estaciones de medición de polución desde las carreteras a zonas verdes.
Además Ecologistas en Acción ha denunciado que en la última década, muchas ciudades han optado por la reubicación de estaciones de medición para falsear los datos de la contaminación atmosférica. La ONG señala a Valencia, Valladolid, Córdoba, Granada, Oviedo y Madrid. También apunta a Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca y Zaragoza. Las artimañas de los alcaldes no han sido suficientes. La Comisión Europea decidió el 24 de noviembre de 2010 llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir las normas de calidad del aire y no hacer frente con eficacia hasta ahora al exceso de emisiones de PM10. Estas micropartículas, en suspensión en el aire, proceden de las emisiones de la industria, los coches y la calefacción de las casas.
Según recordó la comisión, pueden provocar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura. En teoría, España tenía que haber cumplido esta legislación en 2005, pero podía pedir prórrogas hasta junio de 2011 si demostraba que estaba tomando medidas para atajar la contaminación. El Gobierno pidió una prórroga, pero la Comisión Europea, consideró que las acciones contra la polución no eran en absoluto suficientes y ha llevado a España ante la justicia europea para que cumpla con su aire.
